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El Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA) y el control de los poderes públicos

 

Manuel Fermín Cabral

Manuel Fermín Cabra

En los próximos días tendrá lugar por segunda vez en el país la reunión del denominado “Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo” (FIDA), entidad que aglutina, como espacio académico, las mentes más brillantes del quehacer iusadministrativista en Iberoamérica. El FIDA fue fundado el 1 de marzo de 2002, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como “nucleamiento regional de los juristas iberoamericanos especializados en la disciplina—utilizando los mismos términos de lo expresado en su acta constitutiva—, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias atinentes a la materia y, de ese modo, contribuir al mejoramiento del régimen jurídico de sus países y al logro de una actuación estatal acorde con las exigencias derivadas de un Estado comprometido con la justicia y sometido al derecho”. Su primer presidente, Don Mariano R. Brito, excepcional jurista uruguayo: un verdadero cultor del derecho administrativo iberoamericano —fallecido en el año 2014—, fue uno de sus principales promotores. El FIDA, hoy presidido por Don Jaime Rodríguez Arana, consagrado académico español y un jurista de prestigio global, ha logrado consolidarse como uno de los más importantes centros de pensamiento de la región: allí convergen las más diversas y respetadas corrientes doctrinales del derecho público contemporáneo.

El FIDA se reúne anualmente en una de las ciudades iberoamericanas. En estos espacios, los más importantes profesores de derecho administrativo de Iberoamérica discuten a puerta cerrada sus pareceres en torno a un eje temático previamente decidido en la plenaria del año anterior. Académicos de la talla de Juan Carlos Cassagne (Argentina), Allan Brewer Carías (Venezuela), José L. Meilán Gil (España), Carlos E. Delpiazzo (Uruguay), Libardo Rodríguez (Colombia), Carmen Chinchilla (España), Miriam Ivanega (Argentina), Víctor Hernández Mendible (Venezuela), Augusto Durán Martínez (Uruguay), Ernesto Jinesta (Costa Rica), Jaime Orlando Santofimio (Colombia), Jorge Fernández Ruiz (México), Javier Barnes (España), Jorge Danos (Perú), Andry Matilla (Cuba), Gladys Camacho (Chile), entre otros no menos importantes, todos reconocidísimos juristas y profesores de derecho administrativo a escala intercontinental, componen tan solo una muestra del selecto grupo que se dará cita en el país y que se incorporará a los debates académicos previstos para el Foro.   

En esta ocasión, el FIDA a celebrarse en Santo Domingo, bajo los auspicios de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, Inc. (ADDA), esta última presidida por quien se ha erigido en los últimos años en la bujía inspiradora de un nuevo derecho administrativo dominicano y quien ha hecho posible la celebración de este magnífico evento por segunda vez en el país, el profesor Olivo Rodríguez Huertas, abordará lo concerniente a las “Bases y retos de la contratación pública en el escenario global”, donde los profesores discutirán las cuestiones doctrinales derivadas de dicho eje y que figuran en una publicación colectiva realizada por la Editorial Jurídica Venezolana Internacional. Más de sesenta (60) profesores de Iberoamérica estarán presentes en las reuniones a celebrarse en Santo Domingo los días 2 y 3 de octubre.    

El FIDA, además de las discusiones que se realizan anualmente en su Foro, promueve la celebración de un congreso abierto al público y que se realiza con posterioridad a la terminación de los trabajos del Foro. Se trata de un evento único en su clase. El mismo, al igual que el Foro, se desarrolla en base a un eje temático. Es así como los días 4, 5 y 6 de octubre de este año tendrá lugar en Santo Domingo el Congreso Internacional sobre el “Control Jurisdiccional de la Función Administrativa del Estado”, dedicado en esta oportunidad a la profesora Rosina de la Cruz de Alvarado, en reconocimiento a una dilata carrera académica y profesional a favor del derecho administrativo. Este será el eje central y del cual se derivarán las áreas temáticas referentes a (i) los procesos constitucionales como mecanismos de control de la función administrativo (el amparo y el control de la función administrativa, la delimitación de los ámbitos de control, el control constitucional y la función administrativa, y el control jurisdiccional de los entes constitucionales); (ii) el control contencioso-administrativo de la actividad de la Administración (medidas cautelares, principios del proceso, control judicial de la actividad regulatoria, entre otros temas); y (iii) el control de la función administrativa a través del arbitraje (arbitraje de protección de inversiones, solución de controversias y tratados comerciales, entre otros).

Bajo la modalidad de conferencias y de tres paneles simultáneos durante los tres días, el Congreso del FIDA se desarrollará en las instalaciones del remozado Hotel Jaragua. Lo más granado de la academia iuspublicista local también formará parte de los panelistas y conferencistas de este importante evento. Y el tema no podía ser mejor: control jurisdiccional de la función administrativa del Estado. El Congreso versará, pues, sobre el estudio de los principales mecanismos jurisdiccionales para controlar el ejercicio de las prerrogativas y competencias administrativas del Estado en todas sus manifestaciones. De ahí que en la visión del Congreso del FIDA no se limite a ponderar la función administrativa como una atribución exclusiva de los entes y órganos bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo, sino que abordará asimismo el control desde el contexto de una función administrativa extensiva a los demás poderes públicos, incluyendo los llamados “órganos constitucionales” (“extrapoder”). Y es que la función administrativa también forma parte del ámbito de las potestades de los demás poderes públicos (poderes judicial y legislativo, y entes extrapoder), como bien el nuevo ordenamiento jurídico-administrativo ya prevé.

Más importante aún es que el eje temático del Congreso del FIDA pone sobre el tapete una de las más relevantes reformas pendientes de realizarse de cara a la Constitución del 26 de enero de 2010: la aprobación de una ley que regule eficazmente el control judicial de la función administrativa estatal. Se impone, en lo inmediato, una revisión profunda de la Ley No. 1494, del 9 de agosto de 1947 (G. O. 6673), que instituyó la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con excepción de los cambios introducidos mediante la Ley No. 13-07, del 5 de febrero de 2007 (G. O. 10409), la Ley 1494 sigue rigiendo el funcionamiento de una jurisdicción especializada de singular relevancia: aquella que tiene bajo sus hombros controlar las arbitrariedades de los poderes públicos y garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos frente a la Administración. Una reforma legislativa exigida por el constituyente derivado del 2010 y que, ante la aprobación de la Ley No. 107-13, sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, de fecha 8 de agosto de 2013 (G. O. 10722), no puede esperar más. 

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