Privatizar servicios públicos daña derechos humanos, destacan en ONU

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(PL) La privatización de servicios públicos daña la protección de los derechos humanos y margina más a las personas pobres, destaca hoy un informe dirigido a la Asamblea General de ONU en su 73 período de sesiones.
Según expone el experto de la ONU Philip Alston en su reporte sobre La extrema pobreza y los derechos humanos, la privatización ‘se basa en hipótesis fundamentalmente diferentes de las que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad’.En ese sentido, criticó al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la propia ONU por haber promovido agresivamente la privatización de servicios básicos.

Privatizar la justicia, la protección social, la educación, la sanidad básica y otros bienes públicos esenciales no se puede hacer a costa de tirar por la ventana la protección de los derechos humanos, recalcó.

Aunque los partidarios de la privatización la presentan como una solución técnica para gestionar los recursos y reducir el déficit, en realidad se ha convertido en una ideología de gobernanza que devalúa los servicios y espacios públicos, la compasión y otros valores esenciales, dijo Alton.

La comunidad de derechos humanos no puede ignorar por más tiempo las consecuencias y debe ‘reconsiderar radicalmente cómo lo aborda’, señaló.

Si bien ‘en teoría la privatización no es ni buena ni mala’, su objetivo prioritario es el beneficio económico, con lo que consideraciones como la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano, insistió.

Con la privatización, añadió, los titulares de derechos pasan a ser clientes y las personas pobres, necesitadas o con problemas, quedan marginadas.

El cuidado, la compasión, la interacción social, la solidaridad y la comunidad, entre otros, se ven como conceptos ajenos que corresponden a otros ámbitos, detalló.

A juicio de Alton, ‘nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos’.

Sin embargo, subrayó, la privatización menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta sus fondos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales.

Las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado, especialmente por medio de la privatización, recordó y puso ejemplos de cómo desde la década de 1980, el neoliberalismo se ha esforzado con gran éxito por deslegitimar la tributación.

‘El auge de la privatización no ha hecho más que reforzar esta tendencia. A medida que las empresas van adquiriendo mayor poder político, ejercen una presión mayor para que se reduzcan los impuestos de sociedades, se amplíen las desgravaciones o exenciones fiscales y aumenten los resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos.’

Todas estas medidas, explicó, hacen a su vez que las administraciones públicas padezcan un grave déficit de financiación y que su capacidad para prestar servicios públicos y para regular, vigilar, mejorar y complementar las actividades del sector privado relacionadas con el bien público se vea sumamente limitadas.