Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador concluyó una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que culpa de la mayoría de los crímenes en el país.
Esta es la extensión número 15 de la medida, en vigor desde el 27 de marzo de 2022.
Aunque el índice de homicidios ocurrió un descenso sustancial, el gabinete de Seguridad justifica el nuevo pedido para tratar de evitar la reacción delictiva mostrada por los grupos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción.
La organización no gubernamental Cristosal informó recientemente que al menos 153 personas detenidas surgieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. Su informe revela también que los decesos de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones de graves y sistemáticas.
