Un tribunal guatemalteco condenó el miércoles a seis años de prisión por lavado de dinero al periodista José Rubén Zamora, reconocido nacional e internacionalmente por sus investigaciones sobre la corrupción y fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
La condena se produjo luego de que varias organizaciones denunciaran una escalada de autoritarismo en el país que incluye la persecución a periodistas y funcionarios judiciales y la exclusión de candidatos que no son parte de las fuerzas políticas tradicionales.
“Soy inocente de los delitos. Yo sigo siendo inocente y él sigue siendo ladrón”, Zamora al concluir la audiencia en referencia al presidente Giammattei.
El tribunal también lo condenó a pagar una multa de unos 38.000 dólares por afectar la economía nacional y la estabilidad del sistema financiero.
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos, calificó de vergonzosa la condena a Zamora. Es “un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei por criminalizar el periodismo”, sostuvo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ, en un comunicado.
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -con sede en Miami- dijo que en Guatemala se realiza una “cacería de brujas a periodistas”.
En su última intervención antes de que se conociera la sentencia, Zamora pidió una sentencia absolutoria y que se ordenara su libertad. Reafirmó que era inocente y que se violentaron sus derechos, especialmente los de defensa y debido proceso, ya que conoció minutos antes de iniciar el juicio a su defensor abogado de oficio.
El periodista, de 66 años, fue juzgado sin que el tribunal permitiera que se presentaran pruebas a su favor. La fiscal Cinthia Monterroso había solicitado 20 años de prisión, la pena más alta para el delito de lavado, pero el tribunal concluyó que no se acreditaron agravantes. También lo había acusado de extorsión y tráfico de influencias, delitos que según los jueces no fueron probados durante el juicio.
Zamora intentó leer un documento en el que había escrito sus argumentos, pero el tribunal le prohibió leerlo y le concedió apenas unos minutos para dirigirse a ellos.
En su discurso, al que tuvo acceso The Associated Press, el periodista explicó sus miedos, las contradicciones del proceso y señaló violaciones a sus derechos. “El Ministerio Público no pudo acreditar ningún delito porque no lo hubo”, había escrito el periodista.
Según la Fiscalía, Zamora le pidió a su amigo Rónald García Navarijo -un exbanquero acusado de corrupción- que depositara más de 30.000 dólares en efectivo en un banco. En lugar de hacerlo, éste denunció a Zamora. De acuerdo con la defensa del periodista el dinero era producto de una donación y Zamora no lo depositó en una cuenta propia para evitar que se conociera quién era el donante debido a las presiones del gobierno a su medio, El Periódico.
El periodista también escribió que García Navarijo, su acusador, buscaba beneficios propios por las imputaciones de corrupción en su contra. Le atribuyó ser un “agente encubierto” para recabar pruebas en su contra.
Al finalizar la audiencia, visiblemente molesto y levantando la voz, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad en Guatemala (FECI) que acusó a Zamora, dijo que insistirá en que se lo condena a 40 años por todos los delitos y anticipó que apelará la sentencia.
“Ahora esperaríamos que el gobierno estadounidense lo incluyeran en la lista Engel (que sanciona a actores corruptos y antidemocráticos de los países centroamericanos y en la que fue incluido Curruchiche) porque ya quedó probado que es un corrupto”, dijo el funcionario judicial.
Curruchiche agregó que la sentencia es un resarcimiento para todas aquellas personas a las que “se les destruyó su nombre y prestigio” en las publicaciones de Zamora y de El Periódico. El medio cerro sus puertas el 15 de mayo aquejado por presiones politicas y financieras.
El Ministerio Público que dirige la fiscal Consuelo Porras ha dicho que no existe persecución contra la prensa. Sin embargo, Curruchiche dijo a los periodistas que “a través de ese medio de comunicación (que Zamora dirigía) se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio, a fiscales, jueces, magistrados y diversas personas de la sociedad civil”.
Curruchiche preside que avanza una investigación contra nueve comunicadores de El Periódico -entre ellos, también Zamora- por presunta obstrucción de la justicia, a raíz de publicaciones que expusieron fallos procesales de fiscales y jueces o alegan de abuso de poder. Entra las últimas, el caso de la fiscal Monterroso que supuestamente usó su cargo para investigar la infidelidad del esposo de una amiga suya.
Junto a Zamora también fue juzgada la exfiscal Samari Gómez, a quien la fiscalía había acusado de coludirse con Zamora para traficar influencias. Gómez fue absuelta de los cargos y puesta en libertad de forma inmediata.
La familia de Zamora ha dicho que lo que detonó su encarcelamiento fue la publicación de un caso conocido como “La trama rusa” según el cual el presidente Giammattei había recibido sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficiarios con concesiones de mega proyectos.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la prensa y los derechos humanos han señalado que el caso contra Zamora es una criminalización del ejercicio periodístico en Guatemala y han solicitado su liberación.
Zamora ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.
