De A Coruña hasta Santa Cruz de Tenerife, pasando, entre otros muchos sitios, por Oviedo, Ceuta, Lorca, Valencia, Algeciras, Sevilla, Valladolid o Bilbao, vestidos de toga en muchos casos, millas de abogados y abogadas se han concentrado este miércoles a mediodía ante las principales sedes judiciales de su provincia. Los letrados, apoyados también por los procuradores, exigen una solución que les permita normalizar su actividad profesional. No solo luchan por su trabajo, sino que ponen de relieve que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia es clave para asegurar el derecho de la ciudadanía a obtener de los poderes públicos una tutela judicial efectiva. Exigen un pacto de Estado que priorice la modernización del sistema.
Los abogados han tomado la calle y la palabra para protestar por el deterioro del sistema público de justicia, paralizado desde hace meses por las huelgas, y reclamar su reactivación inmediata. El contexto es complejo, con las Cortes Generales disueltas ya menos de un mes para las elecciones generales. El Ministerio de Justicia sigue teniendo abiertos varios frentes. El más preocupante es el de la huelga indefinida de los funcionarios de juzgados y tribunales, que claman por una subida de sueldo que ya prometieron a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Estos últimos tampoco se fían de la palabra dada por los representantes del departamento dirigidos por Pilar Llop, y las asociaciones tratarán de que les reciban la secretaría de Estado de Función Pública este jueves.
bajo el lema La Justicia es una cuestion de Estado, han sido miles de profesionales los que de una punta a otro país han secundado a las 12 del mediodía el llamamiento hecho por los 83 Colegios de la Abogacía. El objetivo, visibilizar el malestar de la profesión por la situación de la administración de Justicia, que se ha agravado tras varios meses de huelga (primero de los letrados de la Administración de Justicia, y ahora de los funcionarios judiciales), paralizando prácticamente los juzgados y tribunales y provocando la suspensión de decenas de millas de vistas y procedimientos.
Al final de las concentraciones se leyó un manifiesto en el que se lamentó que “se siguen suspendiendo continuamente decenas de millas de vistas, en la mayoria de los casos sin previo aviso, dejando millas de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027”. También se dijo que “la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar”.
