La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que 3 de cada 10 alojamientos vacacionales en verano son viviendas particulares. Según dicen, este fenómeno supone “una amenaza para uno de los pilares fundamentales de nuestra nación, afectando en gran medida a las actividades económicas relacionadas con la hostelería de pequeña escala”.
Desde UPTA indican que la pequeña hotelería, esto es, lugares de turismo rural, hoteles y hostales de pequeñas dimensiones suelen ser dirigidos por familias que “observan con sorpresa cómo las autoridades continúan otorgando permisos para el uso turístico de viviendas, sin considerar la competencia desleal que surge en comparación con los estrictos requisitos normativos impuestos a los negocios hoteleros”.
Límites a la “voracidad económica”
El presidente de UPTAEduardo Abad, considera que si no se consiguen establecer “límites a la voracidad económica que ejercen propietarios de viviendas de tamaño mediano y grande, y no combatimos la proliferación de prácticas económicas informales, estaremos arriesgando uno de los principales impulsos económicos en tanto en pueblos como en ciudades”.
Para Abad, el desafío no radica solo en asegurar viviendas en grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla para multas laborales, “sino que es un problema extremadamente grave para la industria del turismo”.
Situación “inadmisible”
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos advierten de que es “inadmisible” que personas que buscan empleo y requieren un hogar en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla o en las Islas Baleares “se vean impedidos de costear los exorbitantes montos que se demandan por los arriendos de viviendas habitacionales. Esta situación surge principalmente debido a que los propietarios con mayores activos destinan sus propiedades exclusivamente al alquiler turístico, utilizando en su mayoría plataformas en línea especializadas en esta modalidad de servicios”.
Es por eso por lo que desde la organización denuncian el uso “y la permisividad exagerada” de los alojamientos vacacionales particulares, ya que, como advierten, “se dedican en nuestro país a competir de forma desleal contra aquellos que pagan impuestos, contratan personas y crear riqueza económica”.
