El Ministerio de Justicia ha propuesto que las indemnizaciones por la prestación de la asistencia Jurídica Gratuita suban un 5% en 2024 en el territorio que gestiona de forma directa, según recoge el proyecto de orden ministerial confeccionado por el departamento que dirige Pilar Llop. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que esta oferta es del todo insuficiente y reitera que la subida se debe adecuarse a la evolución del IPC desde la última revisión, que tuvo lugar en 2018. Asimismo, exige que una modificación que incluya intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas.
Todo ello teniendo en cuenta, tal y como señalan desde el CGAE, que se trata de unas retribuciones que apenas cubren en muchas ocasiones los gastos que genera al profesional y estando entre las más bajas que se pagan en España. «El crecimiento de los precios en estos años ronda el 17%, mientras que la oferta del Ministerio se queda muy lejos de esa cifra», destacan desde la Abogacía.
De hecho, el CGAE aprovechará el trámite de alegaciones del proyecto de la orden ministerial que contiene la actualización de las importaciones para reclamar de nuevo una subida más proporcional con la evolución general de los precios, especialmente de los combustibles. Además, volverá a incluir su demanda de que se produzca una revisión del catálogo de las intervenciones profesionales que son objeto de indemnización. Entre ellas, la Abogacía quiere incluir el pago por los servicios prestados a personas jurídicas en proceso penal, las reconvenciones, las ejecuciones de sentencias, la presentación de un número más amplio de recursos, la participación del profesional en calidad de mediador y contador-partidor. , o los gastos de desplazamiento en las guardias al detenido, entre otras. «Ninguno de ellos figura en la propuesta del Ministerio, que se ha limitado a reproducir el baremo existente aplicando una subida lineal del 5%. Subida que, además, queda muy lejos de los incrementos retributivos que se han acordado para otros colectivos profesionales», indican desde el CGAE..
En la actualidad, más de 42.000 profesionales de la abogacía pertenecen en la actualidad al turno de oficio. De ellos, más de 6.000 se verían afectados por esta revisión de baremos ya que prestan su asistencia en el territorio denominado Ministerio formado por las comunidades de Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, así como por los tribunales con jurisdicción estatal ubicados en Madrid, y las ciudades autónomas de Ceuta. y Melilla.
