Un juez federal anuló el jueves una política del gobierno del presidente Joe Biden que buscaba facilitar el camino hacia la ciudadanía a algunos inmigrantes sin la documentación pertinente que están casados con ciudadanos de Estados Unidos.
El programa, elogiado como una de las mayores iniciativas presidenciales para ayudar a las familias migrantes en años, permitió que los cónyuges y los hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitaran una «tarjeta verde» — la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes — sin tener que salir primero del país.
La medida contra la deportación brindó una breve sensación de seguridad a las 500.000 personas que se estima que podrían ser beneficiarias de ella, hasta que el juez del distrito de Estados Unidos en Texas J. Campbell Barker la suspendió en agosto, días después de que los solicitantes que presenten la documentación.
Barker dictó el jueves que el gobierno se había extralimitado en sus funciones con la aplicación de la norma y estiró la interpretación legal de la ley de inmigración pertinente «más allá de su punto de ruptura».
Era poco probable que la efímera iniciativa de Biden, conocida como «Manteniendo a las familias unidas», se mantuviese después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo en enero. Pero su final anticipado crea una mayor incertidumbre para las familias migrantes, mientras muchos se preparan para el regreso del republicano a la Casa Blanca.
La victoria de Trump en las elecciones esta semana prepara el escenario para una represión rápida a las personas sin la documentación adecuada luego de anunciar durante su campaña una «deportación masiva». En sus mítines, el republicano enardeció a sus seguidores con una serie de declaraciones antiinmigrantes, incluyendo que estaban «envenenando la sangre» de la nación.
Durante su primer mandato, Trump nombró a Barker como juez en Tyler, Texas, que está en el 5to Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, un lugar favorable para quienes defienden argumentos conservadores.
Barker había suspendido el programa migratorio luego de que Texas y otros 15 estados, encabezados por sus secretarios de Justicia republicanos, presentó un recurso legal que acusaba al ejecutivo de eludir al Congreso para ayudar a las familias migrantes con «fines políticos descarados».
Los republicanos argumentaron que la iniciativa tenía un costo para sus estados y atraería a más migrantes a Estados Unidos.
La medida se habría aplicado representa a personas que han vivido de forma continuada en el país durante al menos 10 años, no una amenaza de seguridad y han utilizado la herramienta legal conocida como «parole in place», que ofrece protecciones contra la deportación.
Aquellas personas casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa, podrían pagar una tasa de solicitud de 580 dólares y rellenar una extensa solicitud explicando por qué merecían beneficiar de la iniciativa. Si se aprobaba, los solicitantes tendrían tres años para pedir la residencia permanente y obtener un permiso de trabajo.
No estuvo claro de inmediato el jueves si alguien había sido aceptado en el programa, que recibió solicitudes durante alrededor de una semana antes de que el juez federal lo pusiera en suspenso.
Los cónyuges no ciudadanos pueden legalizar su estatus, pero normalmente deben solicitarlo desde sus países de origen. El proceso suele incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, lo que puede separar a los miembros de una familia con diferentes estatus migratorios.
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