Los magistrados del máximo tribunal, sin emitir comentarios, desestimaron la apelación de Kim Davis, la exsecretaria judicial de Kentucky que fue encarcelada por negarse a expedir licencias a parejas del mismo sexo, en desacato del histórico fallo de la Corte Suprema hace 10 años.
Davis quería que la Corte revocara la orden de un tribunal inferior que la obligaba a pagar 360.000 dólares por daños, perjuicios y honorarios de abogados a una pareja a la que se le había denegado una licencia de matrimonio.
Sus abogados invocaron repetidamente las palabras del magistrado Clarence Thomas, el único de los nueve magistrados que ha pedido la anulación del fallo sobre el matrimonio igualitario. También se opusieron en ese momento John Roberts y Samuel Alito.
«Hoy lo que el Tribunal Supremo reafirmó, lo que ya sabíamos, que el matrimonio igualitario es la ley del país. Así que nos beneplace que la Corte Suprema haya visto lo que ha sido la ley por ya una década. Es una victoria no solo para las personas LGBTQ, sino para toda persona que cree en las leyes y en nuestra Constitución», dijo Samy Nemir, director de comunicaciones, Lambda Legal.
La sorpresa vino de la jueza Amy Coney Barrett, quien no formó parte del tribunal en 2015 y quien ha declarado que hay ocasiones en que el tribunal debe corregir errores y revocar decisiones, como lo hizo en el caso de 2022 que eliminó el derecho constitucional al aborto. Pero la magistrada conservadora ha indicado que el matrimonio es distinto, dado que las personas han confiado en esa decisión al casarse y tener hijos. Para las comunidades LGBTQ+ la guerra no está ganada.
«No vamos a bajar la guardia y nosotros vamos a mantenernos vigilantes para hacer la demanda que haya que hacer en los tribunales o ya sea en las Cortes, para continuar luchando por los derechos LGBTQ. Porque hoy día, eh, hay más de casi 1 millón de parejas del mismo sexo que se han casado, que están criando a más de 300.000 niños y niñas», añadió Nemir.
Después de la liberación de Davis, la legislatura de Kentucky promulgó una ley que eliminó los nombres de todos los secretarios de condado en las licencias de matrimonio estatal.
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