Esta semana, al cumplirse el primer aniversario del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el hombre acusado comparará ante el tribunal para impedir que la fiscalía utilice pruebas que, según afirman, lo vinculan con el crimen.
Luigi Mangione, de 27 años, tiene programadas audiencias a partir del lunes en su intento de impedir que la Fiscalía del Distrito de Manhattan muestre o informe al jurado sobre los artículos incautados durante su arresto en un juicio estatal por asesinato aún no programado.
Dichos artículos incluyen una pistola de 9 mm que, según la fiscalía, coincide con la utilizada en el asesinato del 4 de diciembre de 2024 y un cuaderno en el que, según afirman, describió su intención de «golpear» a un ejecutivo de seguros de salud.
Tras lograr que se desestimaran los cargos de terrorismo de estado en septiembre, los abogados de Mangione se centran ahora en lo que, según ellos, fue una conducta inconstitucional que contaminó su arresto y amenaza su derecho a un juicio justo.
Sostienen que el arma y otros artículos deben excluirse porque la policía carecía de una orden judicial para registrar la mochila donde se encontraron. También quieren suprimir algunas de sus declaraciones a la policía, como la de supuestamente haber dado un nombre falso, porque los agentes comenzaron a hacerle preguntas antes de decirle que tenía derecho a guardar silencio.
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Eliminar el arma y el cuaderno sería una victoria crucial para la defensa de Mangione y un revés importante para la fiscalía, privándola de una posible arma homicida y de pruebas que, según afirman, apuntan al motivo.
La Fiscalía del Distrito de Manhattan ha citado extensamente el diario manuscrito de Mangione en documentos judiciales, incluyendo sus elogios al Unabomber Ted Kaczynski.
En él, según la fiscalía, Mangione reflexionó sobre rebelarse contra «el cártel de seguros médicos, mortal y avaricioso» y dijo que matar a un ejecutivo de la industria «transmite la imagen de un bastardo codicioso que se lo merecía».
Mangione se declaró inocente de los cargos estatales y federales de asesinato. Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua, mientras que la fiscalía federal solicita la pena de muerte.
Los abogados de Mangione quieren eliminar las pruebas de ambos casos, pero las audiencias de esta semana se refieren únicamente al caso estatal. La próxima audiencia del caso federal está programada para el 9 de enero.
Las autoridades judiciales afirman que las audiencias, que comienzan el lunes, podrían durar más de una semana. De mantenerse, es casi seguro que Mangione comparará ante el tribunal el jueves, día del aniversario de la muerte de Thompson.
El abogado defensor, Marc Agnifilo, declaró ante un juez la semana pasada, en un asunto no relacionado, que la fiscalía de Manhattan podría citar a más de dos docenas de testigos.
Thompson fue asesinado mientras se dirigía a un hotel de Manhattan para la conferencia anual de inversores de su empresa. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda.
La policía afirma que las municiones decían «retrasar», «negar» y «deponer», imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.
Mangione, descendiente de una familia adinerada de Maryland y con estudios en la Ivy League, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan.
La fiscalía del caso estatal no ha respondido a los argumentos escritos de la defensa.
Una grabación de la cámara corporal escucha a un agente que revisaba una mochila que se le encontró a Mangione diciendo que estaba comprobando que «no hubiera una bomba» en la mochila. Sus abogados argumentan que esa fue una excusa «diseñada para encubrir un registro ilegal sin orden judicial de la mochila».
La fiscalía federal, que combate acusaciones similares en su caso, ha declarado en documentos judiciales que la policía tenía justificación para registrar la mochila y asegurarse de que no contenga objetos peligrosos. Sus declaraciones a los agentes, según la fiscalía federal, fueron voluntarias y antes de ser puesto bajo custodia policial.
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