La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció nuevas medidas en relación a los operativos federales que están llevando a cabo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad. La autoridad emitió este martes la Orden Ejecutiva 17.
«Así que hoy estamos reunidos aquí para firmar otra directiva ejecutiva para proteger a Los Ángeles, desafortunadamente, de nuestro propio gobierno federal. Déjenme ser claro: esto no es normal, y nunca será normal. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal», subrayó la alcaldesa.
Esta orden prohíbe que cualquier propiedad de la ciudad sea utilizada por agentes federales de inmigración. Dispone a los oficiales de la Policía de Los Ángeles para conservar y reportar evidencias relacionadas con actividades de control migratorio. Además impondrá una tarifa a cualquier propietario que permita el uso de su terreno para este tipo de operativos.
«Hace un par de semanas hubo un intento en una estación de policía, y el departamento lo detectó y los hizo retirarse. Ha habido otros casos similares. Creo que la gente está familiarizada con el caso del Dodger Stadium, que obviamente es propiedad privada. Pero el punto que queremos dejar claro es que las operaciones de ICE no son bienvenidas aquí», agregó Bass.
Esto ocurre después de que una jueza federal bloqueó la ley SB 627 de California que limitaba el uso de máscaras por parte de agentes federales.
Una decisión que la administración Trump considera como una “victoria clave”, asegurando que las máscaras son necesarias para proteger a los agentes de amenazas, acoso y ataques en redes sociales, comentó la fiscal general, Pam Bondi.
La jueza estuvo de acuerdo con ese argumento. Y también con la ley que obliga a los agentes federales a mostrar su nombre o número de placa mientras están trabajando.
Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró que California se compromete a hacer todo lo posible para defender la seguridad pública y las libertades civiles.
Además, la jueza dejó abierta la posibilidad de que California reescriba una de las leyes para que afecte por igual a policías federales, estatales y locales.
Aunque las leyes entraron en vigor en enero, actualmente no se están aplicando mientras continúa la batalla legal entre el gobierno federal y California en los tribunales.
En Los Ángeles, Tania Martín – Spectrum Noticias
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