WASHINGTON — Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzaban el miércoles con una legislación que impondría nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía antes de las elecciones de mitad de mandato, un intento con escasa probabilidad de éxito que enfrenta resistencia en el Senado.
El proyecto, llamado Safeguard American Voter Eligibility, o SAVE America Act, exigiría que los estadounidenses demuestren que son ciudadanos cuando se registren para votar, mediante principalmente un pasaporte válido o un certificado de nacimiento.
También requeriría una identificación válida con fotografía algo que algunos estados ya exigen.
Los republicanos insisten en que la legislación es necesaria para prevenir el fraude electoral, pero los demócratas advierten que privarán del derecho al voto a millones de ciudadanos al dificultar la votación. La ley federal ya exige que los votados en elecciones nacionales sean ciudadanos pero no hay un requisito de presentar prueba. Múltiples expertos han señalado que el fraude electoral es extremadamente raro, y que muy pocos extranjeros logran colarse. Menos de uno de cada 10 estadounidenses tiene pasaportes válidos.
El representante Bryan Steil, republicano por Wisconsin, al presentar el paquete en una audiencia del comité, afirmó: “Algunos de mis colegas llamarán a esto supresión del voto o una versión reciente de las viejas normas de segregación racial”.
Pero indicó que “esas acusaciones son falsas”, y argumentó que el proyecto es necesario para hacer cumplir las leyes vigentes, en particular las que prohíben votar a los inmigrantes que no son ciudadanos. “La ley actual no es lo suficientemente fuerte”, manifestó.
La turbulencia electoral ensombrece la votación
El repentino impulso del Partido Republicano para cambiar las reglas de votación al inicio de la temporada de elecciones de mitad de mandato está encendiendo alertas, en particular porque el presidente Donald Trump ha sugerido que quiere nacionalizar las elecciones a pesar de que la Constitución estipula que deben ser regidas por los estados.
La administración Trump incautó recientemente boletas en Georgia de las elecciones de 2020, que el presidente insiste que ganó pese a su derrota ante el demócrata Joe Biden.
El Departamento de Justicia está exigiendo padrones electorales a los estados, incluido Michigan, donde un juez federal desestimó esta semana la demanda del departamento que buscaba esos archivos de respondientes.
Secretarios de gobierno de varios estados han expresado preocupación de que los datos personales de los votantes puedan compartirse con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la ciudadanía y que eso podría borrar a legítimos legítimos de los padrones.
“Que quede claro de qué se trata esto: se trata de que los republicanos intentan amañar la próxima elección”, declaró el representante Jim McGovern, de Massachusetts, el principal demócrata en el Comité de Reglas, durante una audiencia previa a la votación en el pleno.
«Los republicanos están impulsando la Save America Act porque quieren que voten menos estadounidenses. Así de simple”, agregó.
Un proyecto similar
La legislación es, en realidad, una repetición de un proyecto similar que la Cámara aprobó el año pasado, que también buscaba soportar las medidas contra el voto fraudulento, en particular entre no ciudadanos. Obtuvo el apoyo de cuatro demócratas de la Cámara, pero se estancó en el Senado, entonces liderado por los republicanos.
Esta versión soporta aún más algunos de los requisitos, a la vez que crea un proceso para que quienes puedan haber cambiado de nombre, en particular por matrimonio, presenten la documentación necesaria y además den fe de su identidad.
También impone a los estados el requisito de compartir su información de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional, como una forma de verificar la ciudadanía de los nombres en los padrones.
Eso ha provocado el rechazo de funcionarios electorales por considerarlo potencialmente intrusivo para la privacidad de las personas.
Las nuevas reglas entrarían en vigor de inmediato, si el proyecto es aprobado por ambas cámaras del Congreso y promulgado.
Pero, con las elecciones primarias comenzando los próximos meses, muchos críticos denuncian que el cambio arrepentido sería difícil de implementar y podría confundir a los electorales.
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