El próximo lunes 16 de agosto el presidente Luis Abinader cumplirá un año gobernando. La recuperación de la actividad económica, hundida por la pandemia de COVID-19 y el aumento de la deuda pública en más de US$4,315 millones, figuran como los elementos más relevantes de sus primeros 12 meses de gestión.
El aumento de los precios de productos de la canasta básica y de los combustibles, el incremento del salario mínimo, la firma del Pacto Eléctrico y la postergación de las discusiones para un Pacto Fiscal forman parte de los aspectos macroeconómicos y reformas que marcaron la agenda económica de este primer año.
“El tema sanitario creo que es el punto más brillante, importante, positivo, que ha tenido el gobierno de Luis Abinader”, expresó Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). “El incremento en la tasa de vacunación ha permitido que este proceso de recuperación y de reapertura de las actividades económicas sea mucho más acelerado que en otros países”.
La parte negativa, indicó Ciriaco, es a su juicio el ritmo de crecimiento de la deuda pública, señalando que lo opuesto de la moneda es que “necesariamente el gobierno ha tenido que endeudarse”. “Y la deuda pública dio un salto, básicamente de un 56 % a un 71 % del PIB (Producto Interno Bruto)”.
Detalló que el tema pandémico tuvo mucho que ver con el incremento de la deuda pública y que, obviamente, le ha quitado capacidad de establecer acciones de políticas públicas de desarrollo: el gobierno no ha tenido recursos suficientes para hacer inversiones de capital y gran parte de los recursos los ha dedicado al tema de la pandemia.
El actual gobierno recibió la deuda del sector público no financiero en US$43,091.1 millones en septiembre de 2020, llevándola a US$47,406.6 millones hasta junio de 2021, para un aumento neto de US$4,315.5 millones, según los registros de la Dirección General de Crédito Público.
La deuda pública sufrió un incremento de 16.2 % en 2020, con relación al PIB, la mayor expansión registrada en el país en las últimas dos décadas, pasando de representar el 40.4 % del PIB que fue en 2019 al 56.6 % el año siguiente.
Gastos en subsidios
En su primer año, Abinader ha tenido que atender el tema salud, realizar transferencias de fondos a desempleados y desarrollar programas sociales dirigidos a personas vulnerables. A esto se les suma la inversión para poder vacunar a la población con las dosis anticovid.
Los datos oficiales indican que los recursos invertidos a través de los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti suman a la fecha RD$144,968 millones. Además, el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, informó que el monto destinado a los gastos relacionados con la COVID-19 ascendieron a RD$189,153 millones al 27 de julio de 2021.
Para el economista Rafael Espinal, coordinador de la carrera de economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el gasto público extraordinario ha permitido un control exitoso de la pandemia y un retorno paulatino al crecimiento económico, que cierra el primer semestre de 2021 con crecimiento proyectado de 7 % a fin de año.
“(El gobierno) ha mantenido estable la tasa de cambio, y el déficit, aunque superior al proyectado, se mantiene bajo control por la liquidez disponible actualmente”, indicó.
De recibir una economía golpeada por la pandemia, que provocó que en 2020 el PIB cayera 6.7 %, el gobierno logró que en los primeros tres meses de 2021 los números comenzaran a variar, registrándose un crecimiento de 3.1 %, de acuerdo a los datos del Banco Central.
Espinal resaltó que hay amenazas como presiones inflacionarias externas y ahora la peste porcina africana. Sin embargo, señaló: “el primer año de gobierno ha sido exitoso en el marco de las circunstancias económicas mundiales. Ha hecho la tarea y vamos por buen camino”.
Reformas legales
Uno de los puntos que destacan en el primer año de gestión de Abinader es la firma del Pacto Eléctrico, celebrada en febrero de 2021 en el Palacio Nacional, luego de tres intentos y más de dos años de discusiones, aunque representantes de la sociedad civil en el Consejo Económico y Social se negaron a participar.
El Pacto Fiscal es otro de los acuerdos que establece la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, el cual tiene un retraso de casi nueve años, según lo establecido en la legislación. Pese a que el jefe de Estado adelantó que las discusiones serían iniciadas tan pronto se concluyera el eléctrico, aún siguen pendientes.
También, sigue en agenda la modificación de la Ley de Hidrocarburos, anunciada por el mandatario el 27 de febrero pasado, para revisar la estructura de costos y lo relacionado con la fijación actual de los precios de los combustibles.
