La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) toma de referencia el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que la faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el llamado «criterio de oportunidad» a cambio de admisión de culpabilidad y »colaboración eficaz» en su investigación del hecho punible.
En el caso de supuesta corrupción, sobornos y lavado de activos denominado Calamar, el organismo de persecución concretó ocho acuerdos, entre ellos se destaca el arribado con el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, que según el expediente, fungía el gestor de los fondos para la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del 2020 así como el contacto entre los funcionarios públicos y miembros del sector privado.
En el acuerdo, Mimilo como es conocido Jiménez Collie aceptó que le fuera decomisada la cantidad de 715 millones de pesos y testificar en el juicio, a cambio, el Ministerio Público y los abogados del Estado desistieron de la acción penal contra él. El persecutor solicitó al juzgado la extinción penal de todos estos implicados.
Bajo esos mismos términos, la Pepca arribó acuerdos con Fernando Crisóstomo Herrera, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Camilo Andrés Peña Hernández, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad comercial Grupo DIFEBE.
Crisóstomo Herrera aceptó devolver RD$1,101,770,078.50, Arturo Ureña unos 500 millones de pesos, Ovalle Sánchez 32 millones de pesos, Peña Hernández RD$1,780,000, los dos últimos entregaron estas sumas de manera voluntaria.
En cuento a Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad comercial Grupo DIFEBE, acordaron que les fuera decomisado una casa de dos niveles ubicada en el sector Las Praderas en el Distrito Nacional y un apartamento en El Millón o su equivalente en valores económicos.
En la motivación de estos criterios de oportunidad, el Ministerio Público establece que los implicados manifestaron su arrepentimiento y disposición de colaborar con el proceso judicial a fin de que se sometan a los demás responsables.
Sin estos acuerdos, todos estos implicados podrían pasar a un juicio de fondo con los cargos de lavado de activos, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores, donde la pena máxima es de 20 años de reclusión.
La audiencia de homologación de estos acuerdos fue aplazada para el 25 de julio.
