El aumento de detenidos por ICE en la cárcel del condado Orange llevó al alcalde Jerry Demings a imponer nuevas reglas al gobierno federal ya advertir que el condado no aceptará más personas si no se cumplen.
El martes, Demings formalizó estas condiciones y fijó un plazo claro para que ICE las acate.
“Desafortunadamente, creo que ICE tiene un problema en su sistema porque, al haber intensificado sus operaciones tan rápidamente y haber detenido a tantas personas con estas órdenes de detención de ICE”, declaró el alcalde Jerry Demings.
En una carta enviada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al Departamento de Seguridad Nacional, el alcalde sostiene que ICE ha excedido los límites del Acuerdo Intergubernamental de Servicios, conocido como IGSA.
Este convenio permite a ICE utilizar la cárcel del condado para detenciones migratorias, pero con un número limitado de personas y por un máximo de 72 horas.
A partir del primero de marzo, el condado solo permitirá hasta 66 hombres y 64 mujeres detenidas por ICE que no se enfrentarán a cargos criminales locales. Actualmente, el acuerdo establece un límite de 94 hombres y 20 mujeres.
Además, se elimina la práctica de sacar y reingresar a una misma persona para reiniciar el conteo de las 72 horas. Desde esa fecha, cada caso quedará limitado a un solo período continuo de detención.
Aunque una simple vista parecería una reducción, el total permitido aumentaría: el nuevo tope sería de 130 detenidos, frente a los 114 que contempla el acuerdo vigente.
«Vamos a fijar un límite. Una vez se alcance, no aceptaremos más detenidos de ICE hasta que ese tope se reduzca. Podrán llevarlos a otras cárceles, pero no al condado de Orange», destacó Demings.
Hasta el jueves, la cárcel del condado de Orange albergaba a 194 detenidos por ICE con cargos locales y otros 59 sin ningún cargo local.
Entre ellos está el esposo de Mayeli Cordero, un venezolano detenido por ICE la mañana del martes mientras trabajaba. Según Mayeli, la familia ingresó legalmente al país bajo un proceso de asilo político.
“Nosotros que llevamos casi 10 años aquí, tenemos negocio propio, siempre hemos cumplido con todas las cosas de la ley, no hemos hecho absolutamente nada”, dijo Mayeli.
Para organizaciones pro-inmigrantes, el anuncio llega tras meses de denuncias por sobrepoblación y traslados constantes de inmigrantes dentro y fuera de la cárcel.
“Yo creo que es un buen paso, es un primer paso, pero todavía hay mucho que hacer”, señaló el director ejecutivo de Hope Community Center, Felipe Sousa.
Contactamos al Departamento de Seguridad Nacional para conocer su reacción ante esta petición, pero al cierre de este informe no hemos recibido respuesta.
En Orlando, Jorge Vélez – Spectrum Noticias
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