SANTA FE, Nuevo México — El gobierno del presidente Donald Trump anunció sus planes de agregar otra zona militarizada a la frontera sur, esta vez en California, como parte de un importante cambio de involucrar a las fuerzas armadas en trabajos fronterizos como nunca antes.
El Departamento del Interior señaló que transferirá a la Armada la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera internacional de California con México, con el fin de reforzar “el papel histórico que las tierras públicas han desempeñado en la salvaguarda de la soberanía nacional”.
El Departamento del Interior calificó la nueva zona de defensa nacional en California como un área de enorme actividad de inmigrantes que ingresan ilegalmente al país. Sin embargo, el número de arrestos de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur ha caído este año hasta alcanzar su ritmo más lento desde la década de 1960, en medio de los trabajos federales para llevar a cabo deportaciones a gran escala.
La medida coloca largos tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, facultando a las tropas estadounidenses para detener a personas que ingresan ilegalmente al país y eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil. La acción se realiza bajo la autoridad de la emergencia nacional que declaró Trump en la frontera sur durante su primer día en el cargo.
La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros (170 millas) de la frontera en Nuevo México, y luego fue expandida a porciones de la frontera en Texas y Arizona.
La zona militarizada recién designada se extiende casi desde los límites con Arizona hasta la Reserva Natural Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas como Tecate, California, del otro lado de la frontera con la ciudad mexicana del mismo nombre.
Las autoridades han desplegado a más de 7.000 soldados a la frontera, así como un gran número de helicópteros, drones y equipo de vigilancia.
Las zonas le permiten a las tropas estadounidenses detener a inmigrantes y otras personas acusadas de ingresar sin autorización a bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Aquellos aprehendidos también podrían enfrentar cargos penales adicionales que pueden resultar en tiempo de prisión.
Las autoridades federales afirman que las zonas son necesarias para cerrar brechas en la aplicación de la ley fronteriza y ayudar en la lucha más amplia contra las redes de tráfico humano y los brutales cárteles del narcotráfico.
“Al trabajar con la Armada para cerrar añejas brechas en la seguridad, estamos fortaleciendo la defensa nacional, protegiendo nuestras tierras públicas del uso ilegal, y haciendo avanzar la agenda del presidente”, manifestó en un comunicado el secretario del Interior, Doug Burgum.))
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