Bukele despliega 7.000 soldados y 1.000 policías para cercar toda una región y sacar a las pandillas «de sus escondites»

Este es el quinto cerco militar de seguridad que implementa el gobierno salvadoreño, aunque el primero que abarca más de un municipio.

En diciembre del año pasado, Bukele mandó a rodear la tercera ciudad más grande de El Salvador, Soyapango, con 10.000 soldados y policías con el objetivo de “sacar a pandilleros”. Y en mayo pasado desplegó 5.000 militares y policías en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, en el norte del país, tras el asesinato de un policía.

Este depliegue actual fue ordenado después de que el domingo dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaran heridos de bala en uno de los municipios de la rural Cabañas, en Ilobasco, a 60 kilómetros al noreste de la capital, cuando presuntos pandilleros emboscaron a una patrulla de las fuerzas de seguridad.

En otra publicación en X este martes, Bukele aseguró que Cabañas «se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”.

En junio de 2022, el gobierno anunció el desmantelamiento de varios campamentos clandestinos en el departamento, argumentando que eran utilizados por presuntos miembros de la MS-13, una de las principales pandillas del país, para esconderse.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado ninguna detención relacionada con ello. Por eso, líderes locales ponen en duda que Cañabas se haya vuelto el refugio de los remanentes de estas organizaciones.

«Nuestras comunidades no son un asidero de pandilleros o criminales. Y creemos que este tipo de acciones (el cerco militar), en la forma en la que se hacen, no hacen más que infundir terror y recordar los peores horrores del conflicto armado», le dice a BBC Mundo Leo Rivas, líder comunitario de uno de los cantones donde más soldados han visto llegar, en el municipio de Victoria, cercano a la frontera con Honduras.

Con un saldo de 75.000 muertes y más de 7.000 personas desaparecidas, la guerra civil salvadoreña finalizó mediante la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla el 16 de enero de 1992.

Sea como fuere, el presidente salvadoreño destacó que no levantará el cerco hasta que no sean apresados ​​»todos los delincuentes».

Al mismo tiempo, instó a los residentes de este departamento mayormente agrícola y con una población de unos 160.000 habitantes a mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas.

Según informó la agencia de noticias AFP, este martes los habitantes de Ilobasco y de Tejutepeque, otra localidad del departamento, vieron pasar por sus calles camiones repletos de militares.

Asismismo, varias fuentes locales consultadas por BBC Mundo confirman que, aunque no está delimitado dónde comienza y termina el cerco en cuestión, hay retenes en todas las carreteras que conectan la cabecera departamental, Sensuntepeque, y el resto de los municipios del departamento.

«Ya a primera hora del martes empezamos a ver llegar camiones con militares y desde entonces hay una enorme presencia de soldados, que también han solicitado el uso de locales comunitarios para poder instalarse», le dice a BBC Mundo Rivas, el líder comunitario de Santa Marta.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, insistió en que el «objetivo (del operativo) es la captura de los remanentes que quedan del programa Cabañas de la Mara Salvatrucha».

«Estrategia de control territorial»

Pero no todos ven justificada la decisión del gobierno de militarizar la zona.

«Los cercos militares son contrarios a la libertad de circulación y no están sustentados ni por el régimen de excepción», le dice a BBC Mundo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en el país centroamericano.

«No es una práctica que se haya demostrado efectiva para combatir la criminalidad. Por el contrario, se ha vuelto una práctica más de restricción de derechos. No tienen fundamento legal y lo que hemos observado es que en muchos de estos cercos han ocurrido detenciones arbitrarias», prosigue.

«Además, en el caso del de Cabañas nos llama la atención su desproporcionalidad, la falta de una emergencia que la justifique». Y por la zona escogida, apunta, puede ser más bien «la expresión de una estrategia de control territorial».

Es algo que también apuntan las fuentes locales consultadas por BBC Mundo, quienes sospechan que la medida podría tener relación con la fuerte organización comunitaria del área y a su histórica resistencia a la minería.

La zona fue durante décadas el epicentro de la lucha contra dicha explotación, que llevó a que en 2017 la Asamblea de El Salvador aprobara una ley que prohíbe la minería metálica, por considerarla una actividad que impacta de forma negativa en el medioambiente y la salud.

Y ahora apuntan a que hay indicios de que el gobierno actual tiene interés en la explotación minera, aunque no lo haya manifestado de forma pública y abierta.

Los indicios a los que apunta la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y otras organizaciones ambientalistas es el hecho de que en 2021 El Salvador se uniera al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), una entidad con sede en Canadá que, según su página web, apoya a los países «comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible».

Y también la creación ese mismo año de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, una dependencia del Ministerio de Economía.

Por ello, enmarcan en este contexto la detención el 11 de enero pasado de cinco líderes comunitarios, opositores a las actividades mineras, por presuntamente participar en el secuestro, tortura y asesinato de una mujer en agosto de 1989.

Según la Fiscalía, los detenidos estuvieron relacionados con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla, y les atribuye la desaparición de María Inés Alvarenga.

Sin embargo, “todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad de Santa Marta y a la asociación ADES, atacando a sus liderazgos”, denuncia la organización.

Ábrego, de Cristosal, reconoce que no cuentan con evidencia al respecto y que habría que profundizar más, pero deja abierta esa posibilidad en vista de lo observado en otras áreas del país.

«Hay una zona en La Unión donde el gobierno quiere construir un aeropuerto y la comunidad desde hace años se ha resistido, y hemos visto que se está usando la criminalización y últimamente el régimen de excepción para reprimir esa resistencia».

Mientras, Bukele asegura que es una estrategia de seguridad más con la que su gobierno han logrado desmantelar a las pandillas en los grandes centros urbanos del país y las obligó a esconderse en las zonas rurales.

Precisó que esta nueva operación tiene como objetivo «rodearlos por completo» y «sacarlos de sus escondites». Y agregó que «la población honrada, visitantes y turistas no tienen nada que temer. La seguridad está garantizada».

Sin embargo, el mandatario, de gran popularidad por su política de mano dura, no aclaró cómo las fuerzas de seguridad distinguirían a unos de otros.

Numerosos grupos de defensa de derechos humanos han sido críticos con los arrestos masivos llevados a cabo bajo el estado de emergencia y afirman que miles de personas han sido detenidas arbitrariamente.

Más recientemente, muchos activistas expresaron su preocupación luego de que el ministro de Justicia salvadoreño dijera que hasta 900 presuntos pandilleros podrían ser procesados a la vez bajo una nueva legislación aprobada a mediados de julio.

El arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió que se tome en cuenta la presunción de inocencia de los detenidos.

“Lo que sí pediremos siempre es que, sea el juicio en grupo o individual, se favorezca la inocencia. Se luche todo lo que se pueda para que los inocentes salgan pronto”.