La suerte de los imputados en el expediente de corrupción Antipulpo se sabrá el 7 de febrero próximo cuando el juez que evalúa las pruebas decida si el grupo va o no a juicio de fondo.
Para ese día, el caso, que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y varios colaboradores de su Gobierno, sumará dos años y 70 días desde que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público iniciaron los allanamientos el 29 de noviembre de 2020.
También, el juez podría adelantar ese día a los primeros condenados entre los cinco casos de corrupción administrativa que ha judicializado la gestión de la Procuraduría que encabeza Miriam Germán Brito.
Esto, gracias al acuerdo arribado con cuatro de los acusados, entre ellos, Francisco Pagán, exdirector de la suprimida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien se declaró culpable de la imputación y ha devuelto varios millones de pesos que, junto a los otros tres, suman 200 millones de pesos devueltos, según se informó. “He cumplido con mi responsabilidad y declarado los hechos que me corresponden”, dijo Pagán frente al juez de instrucción.
El lunes pasado concluyó la fase preliminar del caso Antipulpo que conoce el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público y la defensa
Al concluir sus alegatos, el Ministerio Público solicitó al tribunal el envío a juicio de fondo de los imputados que no llegaron a un acuerdo, argumentando las más de 3,000 pruebas aportadas, pero, entre los defensores de los imputados, se mantiene la tesis de que las acusaciones no fueron demostradas.
“Estamos totalmente seguros que serán enviados a juicio de fondo con todas las evidencias que contiene”, declaró la coordinadora de Litigios del Pepca, Mirna Ortiz, tras sus conclusiones.
“La acusación murió por faltas de pruebas y elementos fácticos”, declaró Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el entramado de corrupción y quien, conforme a la acusación, aprovechó su familiaridad con el expresidente de la República para incurrir en tráfico de influencias, crear un entramado societario que le permitió adjudicar, a su nombre o de terceros, obras, bienes y servicios del Estado por miles de millones de pesos.
Acusados
Desde aquel día de noviembre de 2020, el expediente Antipulpo acumuló más allanamientos, apresamientos, medidas coercitivas, acuerdos y partes que se adhieren. Fueron detenidos Alexis Medina Sánchez, su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper) y el expresidente de esa entidad, Fernando Rosa.
También Francisco Pagán, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro s Sánchez, entre otras personas, hasta llegar a las 27 personas físicas y 21 compañías con que cerró la instrucción del caso. A los primeros imputados se le impuso prisión preventiva y a varios de ellos les fue variada por arresto domiciliario, impedimento de salida del país y pago de fianza.
Aunque la acusación la instrumentó el Ministerio Público, el Estado entró en juicio como querellante civil a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, que pidió al tribunal ordenar a su favor un embargo conservatorio por RD$23,903.4 millones, además del envío a juicio de fondo de los imputados. Otra entidad que se adhirió al caso como querellante, víctima y actor civil fue la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeste) que, según su abogado Miguel Valerio, busca un resarcimiento de RD$2,000 millones, porque “el señor Alexis Medina, con concursos amañados, se ganó más de 1,000 millones de pesos”, dijo.
