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La jueza federal de distrito Tanya Chutkan no perdió tiempo en hacerse cargo del histórico caso del abogado especial Jack Smith contra el expresidente Donald Trump, aprovechando una audiencia el viernes para dejar en claro que no quiere un carnaval político.
Si bien gran parte del procedimiento de aproximadamente 1 hora y 40 minutos se centró en los detalles granulares de una orden de protección para la evidencia revelada a Trump, Chutkan demostró un enfoque sensato con los fiscales y los abogados del expresidente.
Como juez presidente, Chutkan desempeñará un papel importante en la configuración de los procedimientos antes y durante el juicio. Ella dictaminará si los fiscales han superado los estándares legales para que el caso vaya a juicio, qué evidencia se puede presentar ante un jurado y qué tan rápido el caso llegará al jurado. La programación ya se perfila como un tema particularmente polémico; en el otro juicio de Smith que enfrenta Trump, acusándolo de mal manejo de documentos clasificados, su equipo intentó sin éxito argumentar que el juicio debería esperar hasta después de las elecciones de 2024.
Chutkan, sin embargo, ya ha marcado un contraste con la jueza en ese caso con sede en Florida, la jueza federal de distrito Aileen Cannon, en la rapidez con la que hasta ahora ha tratado de resolver las disputas entre las dos partes.
Durante la audiencia del viernes, Chutkan enfatizó su compromiso con el «orden normal» de los procedimientos, al tiempo que reconoció el esfuerzo que se necesitaría para evitar una «atmósfera de carnaval».
En repetidas ocasiones expresó su preocupación por las declaraciones públicas de Trump que podrían intimidar a los testigos o contaminar el grupo del jurado. Un aspecto importante de la audiencia fue su insistencia en que la campaña política de Trump de 2024 no podía anular la administración de justicia en el caso.
Estos son los puntos clave de la audiencia del viernes:
Los fiscales ya han planteado en documentos judiciales declaraciones públicas que Trump ha hecho y que, según dicen, muestran la necesidad de reglas estrictas sobre lo que puede revelar a partir del descubrimiento. Chutkan dejó en claro que estaría atenta a cualquier caso de posible intimidación.
Dijo que, ya sea que las declaraciones de Trump contravinieran o no la orden de protección, también estaría “examinando… con mucho cuidado” cualquier comentario público que pudiera tener el efecto de intimidación de testigos u obstrucción de la justicia.
“El hecho de que esté dirigiendo una campaña política actualmente tiene que ceder ante la administración de justicia”, dijo el juez al abogado de Trump, John Lauro. “Y si eso significa que no puede decir exactamente lo que quiere decir en un discurso político, así es como tendrá que ser”.
La advertencia más punzante llegó al final de la audiencia, cuando dijo que mientras más declaraciones “incendiarias” hiciera una parte sobre el caso, “mayor será la urgencia de que procedamos a juicio rápidamente”.
“La defensa ha reiterado extensamente el derecho de la Primera Enmienda del Sr. Trump a hablar sobre este caso y cualquier evidencia en él”, dijo, y agregó que a Trump se le otorgarán todos los derechos de cualquier defensa penal, se hará un esfuerzo para evitar “ un ambiente de carnaval.”
“Es un principio fundamental del proceso judicial en este país”, dijo, “que los juicios legales no son como las elecciones, que se ganan mediante el uso de salas de reuniones, la radio y el periódico”.
“Este caso no es una excepción”, dijo.
Chutkan advirtió que “incluso una declaración ambigua de cualquiera de las partes o del abogado… puede amenazar el proceso”.
Durante un debate sobre si Trump podría ver los materiales del caso sin la presencia de un abogado, Chutkan rechazó las sugerencias de que el caso del fiscal especial contra Trump tenía motivaciones políticas.
Lauro sugirió repetidamente que el Departamento de Justicia podría estar intentando dañar la capacidad de Trump para hacer campaña en las elecciones de 2024 y dijo que el expresidente estaría «atrapado» por ciertos aspectos de la orden de protección propuesta sobre el descubrimiento en el caso.
“Veo el deseo de hacer avanzar este caso”, dijo Chutkan, rechazando las afirmaciones de Lauro. La jueza agregó que no ha visto “ninguna evidencia de que esto tenga motivaciones políticas”.
Chutkan dijo repetidamente que manejaría el caso como cualquier otro, a pesar de la candidatura presidencial de Trump. “La existencia de una campaña política no va a influir” en cómo maneja el caso, dijo.
“Es un acusado penal. Va a tener las mismas limitaciones que cualquier acusado. Este caso procederá en un orden normal”, dijo Chutkan.
Chutkan ocasionalmente se apartó de la disputa en cuestión sobre las reglas de descubrimiento para comentar cómo funcionaría su supervisión del caso en general.
Aludió a los ajustados plazos que había ordenado para resolver la orden de protección, y les dijo a las partes que a menudo se aparta de los típicos horarios de información propuestos por las normas locales “cuando sirve a los intereses y la eficiencia”. Eso podría significar plazos más cortos o más largos, dijo.
También explicó por qué, en una orden el jueves, se negó a permitir que el fiscal especial presentara una presentación sellada y ex parte, lo que significa que el tribunal podría verla, pero se mantendría fuera de la vista del público y de la defensa. .
Chutkan dijo que los fiscales no la habían convencido con sus argumentos de por qué se les debería permitir presentar la presentación secreta y enfatizó que quería que la mayor parte posible del caso estuviera en el expediente público.
Incluso cuando disparó repetidos tiros de advertencia a Trump, ocasionalmente se puso del lado de cómo sus abogados querían que se viera la orden de protección.
Las restricciones publicadas más tarde el viernes cubren un alcance de evidencia más pequeño que el propuesto originalmente por los fiscales. Tampoco exige que un abogado de Trump esté al lado del expresidente cuando revise la evidencia «sensible» cubierta por la orden.
Pero muchas de sus decisiones con respecto a la orden de protección cayeron a favor de los fiscales. A Trump se le prohibirá divulgar públicamente información de entrevistas que los investigadores realizaron con testigos fuera del gran jurado. Los materiales no públicos que el Departamento de Justicia obtuvo de otras entidades gubernamentales, incluido el comité selecto de la Cámara que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE. UU., también estarán cubiertos por las restricciones de la orden.
El juez también rechazó una solicitud de Trump para ampliar el lenguaje sobre quién en el equipo de Trump puede revisar el descubrimiento, y se apegó a la recomendación de los fiscales de que el acceso debe limitarse a aquellos «empleados» por la defensa para ayudar en su caso.
Los abogados de Trump argumentaron que otras personas, incluidos los voluntarios, deberían poder trabajar con las pruebas para ayudar a Trump en el caso.
“No me siento cómodo con esa definición amplia, que podría incluir a casi cualquier persona y aumentaría significativamente el riesgo de divulgación no autorizada”, dijo Chutkan.
“Vivo en Washington”, agregó. “Todo el mundo es un consultor”.
