Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago revocaron la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron medidas de coerción consistente en garantía económica e impedimento de salida del país contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, implicado en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Falcón.
Pérez Pérez, quien había sido descargado por el juez Miguel Alejandro Báez, debe pagar un millón 500 mil pesos.
Los fiscales aportaron al tribunal múltiples pruebas que evidencian la afiliación del imputado con la organización criminal, y refieren que Pérez Pérez se encargaba de administrar los negocios de venta de combustibles adquiridas fruto de las operaciones ilícitas del grupo, para lavar dinero del narcotráfico.
Pérez Pérez es el padrastro del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, sindicado como el cabecilla de la presunta organización criminal.
Al menos 30 personas han sido sometidas por sus supuestos vínculos a esa organización. Según el expediente del Ministerio Público, la red de lavado manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad con el patrocinio de campañas electorales de legisladores.
Los investigadores estiman que la organización traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, aunque hay registro de actividades criminales de este entramado desde antes de la fecha.
