La última ocurrencia que uno puede escuchar en los medios de comunicación es la exigencia de Junts al Gobierno de incentivar la vuelta de empresas a Cataluña que salieron en 2017 con el proceso independentista. Hasta aquí, algo que podría ser comprensible. Lo peor viene como contrapartida de dicha medida: sancionar a las empresas que, pese a tales incentivos, deciden no volver.
Asistimos en primera línea a la putrefacción de nuestro Estado de Derecho. Podemos observar cómo un partido político, buscando su propio interés, pretende utilizar mecanismos coactivos del Estado, el propio. ius puniendipara penalizar a los que no piensan como ellos.
las empresas necesitar seguridad jurídica. Estabilidad. Un entorno predecible en el que se las trata de forma amable y se reconoce el papel que juegan en el sistema. Los distintos modelos político-económicos y territorios deben competir por atraer empresas e inversiones. Atraer solo se logra desde el incentivo, desde la facilidad, desde la seguridad y desde el respeto a las empresas ya sus legítimas multas.
La ocurrencia de Junts no es más que la enésima gota que colmó el vaso hace más de diez años. El Estado no puede pretender coaccionar a las empresas e indicarles dónde tienen que establecerse. No se puede ni en España, en virtud del principio de libertad de empresa, ni en el seno del mercado interno de la Unión Europea gracias a la protección de la libertad de circulación de personas y capitales que esta institución nos proporciona.
A las empresas se les educa, como a los niños, desde la disciplina positiva. Desde el incentivo, no desde el castigo. ¿Acaso todas las empresas que se fueron de Cataluña en 2017 y años siguientes lo hicieron? motu propio? ¿Querían irse? No. Huían de lo que ahora se pretende sembrar sin un ápice de legitimidad democrática.
No toda acción puede provocar una sanción jurídicamente legítima. Para que un hecho sea punible debe tener una cariz de antijuridicidad que justifique castigar al infractor para evitar que la conducta se produzca y para remediar los efectos que ya haya producido con el fin de garantizar nuestra convivencia en sociedad.
Ninguna de estas cuestiones aparece, ni siquiera de soslayo, en las exigencias de Junts. Únicamente se vislumbra el placer hedónico que van a sentir doblegando de nuevo al Gobierno y haciendo que no solamente regresen determinados fugitivos como héroes, sino también ciertas empresas como esclavos al servicio del sistema tributario independentista.
El daño reputacional al Estado ya todos nosotros ya está hecho. Enhorabuena, Portugal. Algo me dice que 2024 será un buen año para vuestras inversiones.
Ignacio López-Hermoso Lázaroabogado del ICAM y socio en López-Hermoso Abogados.
