WASHINGTON — El Departamento de Justicia no cree que exista actualmente ninguna base para abrir una investigación penal por violación de derechos civiles en relación con la muerte de una mujer a manos de Jonathan ‘Jon’ Ross, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, según declaró el martes un alto funcionario del departamento.
El medio Minnesota Star Tribune fue el primero en publicar la identidad del hombre.
La decisión de mantener a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al margen de la investigación del tiroteo mortal de Renee Good marca una clara diferencia con las administraciones anteriores, que actuaban con rapidez para investigar los tiroteos de civiles por parte de agentes del orden público por posibles violaciones de los derechos civiles.
Si bien la investigación del FBI continúa, los abogados de la División de Derechos Civiles fueron informados la semana pasada de que no participarían en la investigación en este momento, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para comentar las deliberaciones internas del departamento.
Y el martes, el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en un comunicado que «actualmente no hay base para una investigación penal de derechos civiles». El comunicado, del que informó primero CNN, no explicaba cómo el departamento había llegado a la conclusión de que no se justificaba ninguna investigación.
Funcionarios federales han dicho que el agente actuó en defensa propia y que la conductora del Honda estaba cometiendo “un acto de terrorismo doméstico” cuando avanzaba con el vehículo hacia él. También esta semana, aproximadamente media docena de fiscales federales en Minnesota renunciaron y varios supervisores de la sección penal de la División de Derechos Civiles en Washington notificaron su dimisión en medio de la agitación por la investigación federal, según personas familiarizadas con el asunto.
Entre las dimisiones en Minnesota se encuentra el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Joe Thompson, quien había estado liderando la extensa investigación y el procesamiento de esquemas de fraude en el estado, según otras dos personas. Al menos otros cuatro fiscales de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Minnesota se unieron a Thompson en su renuncia en medio de un período de tensión en la oficina, dijeron las personas. Estas personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal.
Estas son las últimas dimisiones en un éxodo de abogados de carrera del Departamento de Justicia que han renunciado o han sido despedidos por preocupaciones sobre presiones políticas o cambios en las prioridades bajo la administración Trump.
Cientos de abogados del Departamento de Justicia han sido despedidos o se han marchado voluntariamente durante el último año.
Los legisladores demócratas de Minnesota criticaron las dimisiones, y la senadora Amy Klobuchar, miembro del Comité Judicial del Senado, calificó las renuncias como «una pérdida para nuestro estado y para la seguridad pública» y advirtió que los procesamientos no deben estar motivados por la política. El gobernador Tim Walz dijo que las dimisiones generaban preocupación sobre la presión política sobre los funcionarios de carrera del Departamento de Justicia.
Las renuncias de los abogados de la sección penal de la División de Derechos Civiles, incluido su jefe, se anunciaron al personal el lunes, días después de que se les informara a los abogados que la sección no participaría en la investigación. El Departamento de Justicia dijo el martes que esos fiscales habían solicitado participar en un programa de jubilación anticipada «mucho antes de los acontecimientos en Minnesota», y agregó que «cualquier sugerencia en contrario es falsa».
Historia de la División de Derechos Civiles
Fundada hace casi 70 años, la División de Derechos Civiles tiene una larga historia de investigación de tiroteos por parte de las fuerzas del orden, aunque los fiscales generalmente necesitan superar un alto umbral para iniciar un proceso penal.
En administraciones anteriores, la división ha actuado rápidamente para abrir y anunciar públicamente tales investigaciones, no solo para reflejar la jurisdicción federal sobre posibles violaciones de los derechos civiles, sino también con la esperanza de calmar la angustia de la comunidad que a veces acompaña a los tiroteos que involucran a las fuerzas del orden. “El nivel de dolor, tensión y ansiedad que se vive en Minnesota no es sorprendente”, declaró Kristen Clarke, quien dirigió la División de Derechos Civiles durante la administración Biden. “Históricamente, el gobierno federal ha desempeñado un papel importante al ser una agencia neutral e imparcial que dedica sus recursos a realizar una investigación completa y justa, y el público se ve perjudicado cuando esto no sucede”, añadió.
En Minneapolis, por ejemplo, el Departamento de Justicia, durante la primera administración Trump, abrió una investigación de derechos civiles sobre la muerte de George Floyd en 2020 a manos de agentes de policía de la ciudad, lo que derivó en cargos penales. El Departamento de Policía de Minneapolis fue objeto de una investigación independiente por parte de la administración Biden por posibles violaciones sistemáticas de los derechos civiles, a través de lo que se conoce como una investigación de «patrón o práctica», un tipo de investigación sobre la reforma policial que no cuenta con el respaldo del actual Departamento de Justicia de la administración Trump.
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