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domingo, julio 21, 2024

Ejecutivo retirará proyecto de Ley de Trata de Personas


El Poder Ejecutivo retirará del Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que había sometido, para reformular aspectos de su redacción y reintroducirlo en 45 días.

Se espera que en la tarde de hoy se den más detalles desde la Presidencia de la República.

Entre otras cosas, la propuesta contempla que los inmigrantes ilegales en la República Dominicana no se beneficiarán de los programas de atención, asistencia y protección establecidos en dicho proyecto, sometido por el presidente Luis Abinader al Senado de la República el pasado 12 de diciembre del 2022, ni tampoco podrán aprovechar el principio de no devolución que está limitado a las víctimas de trata de personas en la misma ley.

Los citados beneficios corresponden a las víctimas de trata de personas, que son aquellas personas que han sido sometidas a captación y retención, mediante el uso de violencia, por un individuo o grupo delictivo con fines de explotación o esclavitud.

Por igual, los menores de edad y personas con discapacidades psíquicas o mentales que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes podrán recibir asistencia y ser parte de los programas de atención disponibles, pero sí serán sujetos de devolución a sus países de origen.

Controverias generadas

El tema del “principio de no devolución” generó controversias con los detractores de la ley, que alegan que este podría ser interpretado como una llave para que los inmigrantes ilegales pudieran tener recursos para permanecer de manera definitiva en el país.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, alegó que con el proyecto pretende que se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim), para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS)”.

“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo el mandatario Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado, al depositar el proyecto.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, consideró el pasado viernes que ha habido confusión en relación a lo que establece un proyecto de ley sobre la trata de personas y lo que indica sobre el tráfico ilícito de migrantes.

«Esta propuesta de reforma lo que hace es darle una mirada desde los derechos humanos al tema de la trata», expresó Lorenzo a los periodistas en su participación en la presentación de las prioridades del Poder Judicial para el 2023.

Especificó que el proyecto busca dignificar el trato que se le debe dar a las personas víctimas de trata que, según investigaciones de Participación Ciudadana, las mujeres, las niñas y los niños son los principales afectado en el país.

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