La UE quiere obligar a las empresas a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente o los derechos humanos, incluso con multas si no cumplen. Este es el pacto al que llegaron el Consejo y el Parlamento europeo el pasado mes de diciembre y que se enmarca en un contexto de fiebre mundial por la sostenibilidad. Las principales compañías han tomado nota e invierten para cumplir con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) no tanto por miedo a las sanciones sino porque creen que siendo más sostenibles obtendrán mejores resultados. Así lo afirman el 84% de altos ejecutivos y grandes inversores en una encuesta mundial lanzada por el despacho Simmons y Simmons en la que han participado más de 700 directivos.
La gran mayoría de los empresarios consultados consideran la sostenibilidad como una vía para obtener beneficios y crecer en la próxima década. Y no basta con cumplir, hay que ser dinámicos: el 61% de los ejecutivos y el 66% de los inversores creen que las empresas que desempeñen un papel activo superarán a las que se limitan a minimizar su impacto. Para marcar la diferencia y reforzar sus credenciales de sostenibilidad ponen máximo cuidado en las transacciones (fusiones y adquisiciones), una prioridad para el 42% de los directivos. El mayor premio, apuntan, es el acceso a la financiación.
Este cambio de enfoque se hace imprescindible un giro de tuerca de los asesores. Paraca Ignacio Domínguezsocio de mercantil de Simmons & Simmons y experto en ESG, los abogados “debemos dejar de ser como los médicos a los que se acude cuando tienes un problema y pensar más cómo consultores capaces de ayudar a crear valor a las empresas”.
Superar los estándares medioambientales y sociales es cada vez más complicado ante la proliferación legislativa. Un reciente informe del Banco de España indica que, desde 2008, se han aprobado cerca de 9.500 normas sobre cuestiones ecológicas en el país. En el caso de los criterios ESG, señala Domínguez, el desbordamiento se ha producido al llevar al papel lo que antes eran normas autorreguladoras o ley suave.
El riesgo legal pesa mucho en la mente de los ejecutivos, el 53% afirma que su principal preocupación son las sanciones o litigios por vulnerar la normativa de sostenibilidad. Sí es que la elevada cantidad de regulación en esta materia, en constante evolución, está acompañada de una ola de litigios relacionados con ESG, en particular sobre el cambio climático. De hecho, según la investigación para la ONU del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, en 2022 había 2.180 causas abiertas relacionadas con el clima en 65 jurisdiccionesmás del doble que en 2017. A pesar de esta cifra, el estudio también revela que el 83% de los ejecutivos tienen mucha o bastante confianza en su nivel de cumplimiento de la regulación climática.
postura verde
Sin embargo, ese nivel de confianza de los directivos desciende significativamente en cuanto a su capacidad para cumplir con la normativa para evitar el llamado posturao verde (lavado verdeen ingles). Sólo el 60% de los encuestados cree que lo conseguirá y menos del 20% está muy seguro de ello. Dos son los motivos principales de este resultado. En primer lugar, la falta de claridad sobre qué constituye exactamente un lavado verde, con definiciones que varían entre jurisdicciones. Y, en segundo lugar, el elevado número de regulaciones, investigaciones y litigios relacionados con esta práctica. “Hay que tener claro que lo que dices es exacto, tanto en términos de declaraciones como de omisiones, y luego estar seguro de que lo que estás haciendo es realmente lo que dices que estás haciendo”, aclaran desde Simmons & Simmons.
La reputación también ocupa un lugar destacado entre las inquietudes de los encuestados. Tres de cada cinco señalan que la mala fama derivada de un litigio o una investigación en materia de sostenibilidad les preocupa más que las posibles sanciones legales.
Por todo ello, una de las conclusiones del estudio es que a pesar de la creencia generalizada de que la sostenibilidad ofrece oportunidades, muchos de los encuestados ven la regulación actual como un obstáculo y no como un catalizador. Casi tres de cada cinco (58%) ejecutivos y el 50% de los inversores están de acuerdo en que el costo de cumplir con la regulación de sostenibilidad impide a las empresas perseguir las oportunidades en sostenibilidad.
Estado de información no financiera (EINF)
Diversidad de criterios. El 57% de los encuestados para el estudio de ESG elaborado por Simmons & Simmons afirma que la diversidad de datos de sostenibilidad hace que sea difícil evaluar las credenciales ESG de las empresas. “La dificultad en la preparación de este informe es muy alta, dado el desconocimiento sobre los parámetros sobre los que hay que reportar, y el modo en el que se ha de realizar”, reconoce Ignacio Domínguez, socio del área mercantil de Simmons & Simmons España y experto en ESG dentro de la industria de M&A y Capital privado.
Medidas de estandarización. En junio de 2023, el International Sustainability Standards Board (ISSB) publicó sus dos primeros estándares para promover globalmente la armonización de los informes sobre sostenibilidad. En la Unión Europea, la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) exigirá a las empresas de la UE que adopten un conjunto común de patrones en sus informes adaptados a la normativa comunitaria.
Multas. No presentar el EINF se considera una infracción grave que se sanciona por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con multas que oscilan entre los 1.200 y los 60.000 euros. En el caso de las sociedades con un volumen de facturación anual superior a seis millones de euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros.
