El ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido un comunicado en el que rechazan el reciente acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y JUNTS. Un pacto que facilitar la próxima investidura de Pedro Sánchez y que incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los integrantes del proceso. A través de un documento escrito, el decano del colegio, Eugenio Ribón, ha manifestado su disconformidad y preocupación en el que advierte de que tomarán “cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”.
El documento refleja una serie de puntos por los que el ICAM muestra su absoluto rechazo. La abogacía de Madrid manifiesta su negativa para usar el término guerra legal (instrumentalización de la justicia con multas políticas referida a los Juzgados y Tribunales) ya que consideran que no tiene lugar en un Estado de Derecho. “Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”, expresa el ICAM.
Desde el colegio, apuntan que el Estado de Derecho se estructura conforme a dos principios: la sumisión de los jueces a la ley junto a la independencia judicial. Dos aspectos que se ven mermados con la firma del acuerdo y que “debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad”, señalan.
“La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil”.
Por último, recalcan que la conformación de la mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional, y añaden que «la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».
En contra
el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (CIPM) también ha evidenciado de forma paralela su absoluto desacuerdo con el pacto suscrito por los partidos políticos. A través de un comunicado, ha postulado su rechazo en el que reitera su “firme apoyo a la Constitución ya los valores que contiene. “Los procuradores, operadores imprescindibles de la Administración de Justicia, no pueden sino respaldar la independencia del Poder Judicial y por tanto de las decisiones emanadas de juzgados y tribunales”, manifiestan.
En este mismo compás, también han dejado constancia de su negativa al uso del guerra legal ya que su utilización solo supone una forma de control que “en absoluto tiene cabida en un Estado de Derecho que propugna la igualdad material y formal entre todos los españoles”.
Los procuradores, a través de su comunicado, manifiestan no solo su preocupación sino el temor que supone las pretensiones del Gobierno. “El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ejercitará cuantas acciones estén en su mano en defensa de la Constitución y los principios del Derecho de la Unión Europea, en el firme convencimiento de que sin respeto a la separación de poderes la democracia está en peligro”, puntualizan.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también manifestó, mediante un comunicado, su rechazo a la aplicación del guerra legal. Para el Poder Judicial, supone «una injerencia inadmisible en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes». Y advierten de que, en caso de materializarse, «determinaría su oposición más frontal a través de los cauces legalmente establecidos».
Finalmente, alrededor de 80 jueces decanos de toda españa También se suman a una amplia lista de manifestantes en contra del acuerdo del PSOE. El colectivo estima que el acuerdo puede suponer la revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales con intromisión en la independencia judicial, lo que provocaría una separación de poderes. «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometida a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparte el riesgo que se apunta», concluye.
