La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó para hoy el fallo sobre la solicitud de medida de coerción contra 20 implicados en el caso Calamar, una supuesta red de corrupción que distrajo al Estado más de 19,000 millones de pesos.
A las 10:00 de la mañana, la magistrada dará su dictamen luego de que 14 implicados, según el ministerio público, admitieran su culpabilidad y decidieran colaborar con la investigación que sigue la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ante esta admisión, el órgano persecutor solicitó un cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica.
Al inicio habían solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso para todos los arrestados.
Los que decidieron pactar con el ministerio público son el abogado Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola, Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero.
Además, Claudio Silver Peña, Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández.
El titular del Pepca, Wilson Camacho, advirtió que todos deberán devolver dinero del erario adquirido de forma ilícita.
No aceptan cargos
Mientras que para los seis restantes que no han admitido las acusaciones, los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, los fiscales mantienen el pedido de 18 meses de prisión preventiva.
En igual condición están el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi.
El ministerio público señaló que existen las “condiciones” para que se impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los seis implicados en el caso Calamar con los cuales no llegaron a un acuerdo.
“El ministerio público entiende que están todas las condiciones dadas para que se acoja la solicitud que nosotros hemos planteado con respecto a los seis imputados que no han acordado con el ministerio público la imposición de la medida de coerción”, señaló a los medios de comunicación, la fiscal Rosa Alba García, quien habló en representación de la Procuraduría.
Defensa de Gonzalo
Entretanto, Laura Acosta, representante de la defensa de Gonzalo, indicó que se mantienen firmes en la solicitud de que a su cliente se le debe de dar libertad pura y simple porque “no existen razones que indique que represente peligro de fuga”.
Al hablar con la prensa, la magistrada especificó que Castillo entiende que no ha cometido un ilícito penal que amerite la privación de libertad ni las medidas que plantea el Ministerio Público.
Según Acosta, Gonzalo Castillo expresó que luego de haber concluido el proceso electoral de 2020, el excandidato presidencial del PLD recibió ataques de medios de comunicación y redes, por lo que escribió una carta a la procuradora Miriam Germán, en 2020, donde se puso a disposición del ministerio público.
Castillo declaró ante la jueza que solo ha salido del país en dos ocasiones, las cuales hizo saber previamente al órgano persecutor.
Culmina una etapa
Con la decisión de ayer culmina un proceso que se inició el pasado 21 de marzo, donde la jueza Kenya Romero aplazó por primera vez la solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso que habían sido arrestados en 40 allanamientos dos días antes.
Este conocimiento de medida de coerción contó con seis audiencias (21, 26 y 29 de marzo), donde además de los aplazamientos para que los abogados de las defensas conozcan el expediente y otras acusaciones emitidas por nuevos querellantes, el ministerio público leyó la acusación que contiene más de 2,000 páginas.
El pasado viernes 31 de marzo, 10 de las defensas de los 20 implicados, comparecieron ante la jueza, admitiendo su culpabilidad y decidieron colaborar con la investigación. Entre el pasado domingo y ayer, se concluyó con las defensas de los implicados, donde se sumaron cuatro más a la admisión de la culpa.
El ministerio público hizo la réplica y los juristas que representan a los implicados que no quisieron colaborar con el órgano persecutor, presentaron sus contrarréplicas.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Las imputaciones
La imputación preliminar de la Pepca en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir, el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.
Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405 sobre estafa mediante manejos fraudulentos.
