MINNEAPOLIS — Los agentes federales que participan en la mayor operación de control de inmigración reciente en el área de Minneapolis no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, incluidas las personas que observan a los agentes, según dictaminó una jueza de Minnesota el viernes.
La jueza federal de distrito Kate Menendez transmitió el fallo en un caso presentado en diciembre en nombre de seis activistas de Minnesota.
Miles de personas han estado observando las actividades de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza que implementan la política migratoria restrictiva del gobierno de Trump en el área de Minneapolis-St. Paul desde principios de diciembre.
El fallo prohíbe a los agentes detener a conductores y pasajeros de vehículos si no existe una sospecha razonable de que estén obstruyendo o interfiriendo con las actividades de los agentes.
Seguir a los agentes de forma segura ya una distancia adecuada «no constituye, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo», según el fallo.
Menéndez afirmó que los agentes no podrán arrestar a personas sin causa probable o sospecha razonable de que hayan cometido un delito o estuvieran obstruyendo o interfiriéndose con las actividades de los agentes.
Los activistas en este caso están representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota, que afirma que los agentes gubernamentales están violando los derechos constitucionales de los residentes de las Ciudades Gemelas.
Los abogados del gobierno argumentaron que los agentes han accionado dentro de su autoridad legal para hacer cumplir las leyes de inmigración y protegerse a sí mismas.
Menéndez también preside una demanda presentada el lunes por el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para suspender la operación de control migratorio, y algunas de las cuestiones legales son similares. En una audiencia celebrada el miércoles, se negó a conceder la solicitud del estado de una orden de restricción temporal inmediata en ese caso.
«Lo que más necesitamos ahora es una pausa. Es necesario calmar la situación», le dijo el fiscal general adjunto del estado, Brian Carter.
Menéndez afirmó que las cuestiones planteadas por el estado y las ciudades en ese caso son «enormemente importantes». Sin embargo, señaló que plantean cuestiones constitucionales y legales de alto nivel, y que existen pocos precedentes relevantes para algunas de ellas. Por lo tanto, ordenó a ambas partes que presentaran más documentos la próxima semana.
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