El juez federal Brian Murphy, en Boston, determinó que las deportaciones a terceros países son ilegales porque violan el derecho de los migrantes a defenderse antes de enviarlos.
Sin embargo, la política no se detiene de inmediato.
El juez suspendió su decisión por 15 días, lo que le da tiempo al gobierno para apelar el fallo.
“Esta decisión por un juez federal no necesariamente se refiere a que va a ganar y el gobierno va a ser agresivo en pelear esto”, dijo Jaime Barrón, abogado de inmigración.
El juez concluyó que el gobierno viola el debido proceso cuando no les da una oportunidad real de explicar si podrían enfrentar persecución o tortura antes de deportarlos.
También argumentó que en algunos casos dan muy poco tiempo de aviso antes de enviarlos a países incluyendo a Sudán del sur, Libia y El Salvador.
Este caso ya llegó a la Corte Suprema en dos ocasiones.
Primero, este mismo juez bloqueó temporalmente la política en abril de 2025.
Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández)
Pero la Corte Suprema intervino y permitió que el gobierno continuara aplicándola mientras el caso seguía en los tribunales.
Luego, el máximo tribunal permitió que el gobierno deportara a ocho migrantes a Sudán del Sur, aunque ese no era su país de origen.
“Si ahorita, lamentablemente, si llega a la Suprema Corte de Estados Unidos, siendo una ultra mayoría conservadora, es posible que el gobierno gane y desgraciadamente ahorita todo el mundo vote por sus partidos políticos. Si llega a la Suprema Corte, son menos las esperanzas de que prohíban que deporten a personas a terceros países, pero uno nunca sabe cómo decidió la Corte Suprema”, agrega Barrón.
Abogados presentaron la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional en nombre de migrantes que enfrentan deportación a países que no aparecen en sus órdenes originales ni durante sus procesos en la corte.
Los defensores de inmigrantes argumentan que la política viola la ley y la Constitución.
Por su parte, desde el gobierno afirman que necesitan esta medida cuando el país de origen de un migrante se niega a recibirlo.
Contactamos a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, pero hasta ahora no han respondido.
El gobierno ahora tiene dos semanas para apelar. Si lo hace, su futuro está en mano de la corte suprema.
Yenniffer Martínez, Espectro Noticias.
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