Con un creciente descontento por las tácticas empleadas por ICE y la Patrulla Fronteriza en Minnesota, dos reveses más para la administración Trump.
Un juez federal prohibió temporalmente al gobierno detener a refugiados en Minnesota que aún no tienen la tarjeta de residencia permanente, tras un intento de la administración de reexaminar los casos de millas de personas que pidieron asilo en Estados Unidos de forma legal.
Su orden exige la liberación inmediata de cualquier persona amparada por el fallo que se encuentre actualmente detenida.
«Los refugiados tienen derecho legal a estar en Estados Unidos, a trabajar, a vivir en paz y, lo que es importante, derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa justificada en sus hogares o de camino a servicios religiosos o a comprar alimentos», señaló el juez de distrito de Minnesota, John R. Tunheim.
«Esta administración se ha enfocado en arrestar y detener a refugiados en los Estados Unidos, específicamente en Minnesota, que han hecho todo lo correcto para venir a este país, crear una vida aquí y ser buenos miembros de nuestros vecindarios. Y lo que ha hecho Trump es violar la ley y enfocar sus fuerzas armadas contra esa población», dijo Sergio Pérez, director ejecutivo, The Center for Human Rights and Constitutional Law.
«Esos casos están parados y no pueden recibir una decisión porque el Departamento de Migración no les está procesando. Mientras tanto, la administración de Trump ha dicho que quieren reconsiderar si estos individuos que han entrado como refugiados durante la gestión del expresidente Biden tienen el derecho a ser verdaderamente refugiados en Estados Unidos. Y han determinado que en Minnesota específicamente, hay aproximadamente entre 5000 y 6000 que entraron durante la estancia de Biden y aún no se le ha dado la residencia», dijo por su parte Carmen María Rey, abogada y exjueza de inmigración.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió en X en respuesta al fallo: «El sabotaje judicial a la democracia es interminable».
El otro revés, este jueves, veintiséis senadores, veinte fiscalías generales estatales y más de 180 organizaciones pro-defensa de los derechos de niños e inmigrantes, incluyendo a la Academia Nacional de Pediatría, junto con profesores de derecho y exjueces de inmigración presentaron amicus curiae ante el Noveno Circuito en apoyo del Acuerdo Flores, una salvaguarda legal fundamental que establece estándares mínimos para el trato humano, la ubicación y la liberación de los menores en centros de detención migratoria que la administración busca. revocar.
«A los niños no los cuidan bien, no se les da la comida necesaria, no se les da agua limpia y duermen en el suelo. No deberíamos de tener cárceles migratorios para niños en este país y la existencia de estos lugares es una mancha en nuestro carácter nacional y en nuestro pueblo», dijo Pérez.
Por otro lado, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James y otros 21 de sus colegas enviaron cartas a la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condenando el esfuerzo de la administración Trump por explotar el caos reciente en Minnesota para presionar a los líderes estatales a fin de que entreguen datos confidenciales de los residentes y desmantelen políticas de seguridad pública de larga data.
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