WASHINGTON — Una jueza federal anuló el lunes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloqueaba los proyectos de energía eólica, asegurando que los esfuerzos por frenar prácticamente todo el arrendamiento de parques eólicos en tierras y aguas federales era «arbitrario y caprichoso», así como una violación a las leyes federales.
La jueza Patti Saris, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts anuló y declaró ilegal la orden ejecutiva que firmó Trump el 20 de enero, la cual bloqueó el desarrollo de los proyectos de energía eólica.
Saris falló a favor de una coalición de fiscales generales de 17 estados y Washington, encabezada por la secretaría estatal de Justicia de Nueva York Letitia James, quien impugnó la orden de Trump que suspendía el arrendamiento y la concesión de permisos para proyectos de energía eólica.
Trump ha expresado su rechazo hacia la energía renovable, particularmente con las granjas eólicas en alto mar, y tiene preferencia por los combustibles fósiles para producir electricidad.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró el fallo como una victoria para los empleos verdes y la energía renovable.
«Massachusetts ha invertido cientos de millones de dólares en energía eólica en alto mar y este día hemos protegido con éxito esas importantes inversiones de la orden ilegal del gobierno de Trump», dijo Campbell en un comunicado.
«Esta victoria crucial también preserva empleos verdes bien remunerados y el acceso a energía confiable y asequible que ayudará a Massachusetts a cumplir con nuestros objetivos climáticos y de energías limpias», agregó.
La coalición que se opuso a la orden de Trump argumentó que el presidente no tiene la autoridad para frenar la concesión de permisos para proyectos, y que hacerlo pone en peligro a las economías de los estados, a la mezcla energética, la salud pública y los objetivos climáticos.
El gobierno argumentó que las afirmaciones de los estados no son más que un desacuerdo político en torno a las preferencias por el desarrollo de energía eólica frente a los combustibles fósiles, lo cual está fuera de la jurisdicción del tribunal federal. El abogado del Departamento de Justicia, Michael Robertson, afirmó que la orden de Trump suspendía la concesión de permisos –pero no los cancelaba– en lo que el secretario del Interior, Doug Burgum, revisa el impacto ambiental de los proyectos eólicos.
Un juez anterior permitió que el caso procediera contra Burgum, pero desestimó una acción contra Trump y otros miembros del gabinete. El juez William Young permitió que los estados procedieran con sus argumentos de que bloquear los permisos para el desarrollo de proyectos de energía eólica viola la Ley de Procedimiento Administrativo –la cual describe un proceso detallado para promulgar regulaciones– pero no la Constitución.
El viento es la mayor fuente de energía renovable de Estados Unidos, proporcionando alrededor del 10% de la electricidad generada en la nación, según la American Clean Power Association. La coalición incluye a Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, el estado de Washington y Washington, DC.
El Departamento del Interior y la Casa Blanca no respondieron de momento a solicitudes de comentarios, pero la Casa Blanca acusó previamente a los fiscales generales demócratas de emplear una guerra jurídica para frenar la agenda energética del presidente.
Marguerite Wells, directora ejecutiva de Alliance for Clean Energy New York, dijo que la energía eólica es un componente clave para alimentar a la red eléctrica del país.
El viento «es actualmente una de las formas más rentables de generación de energía y se está utilizando con éxito no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo», declaró. «Con este fallo a nuestro favor, los proyectos ahora pueden ser juzgados por su mérito. Agradecemos a los fiscales generales que nos ayudarán a llevar este caso a la meta».
Kit Kennedy del Natural Resources Defense Council calificó la decisión como una victoria para los consumidores, los trabajadores sindicalizados, las empresas estadounidenses, el aire limpio y el clima.
«Desde el comienzo de su presidencia, el gobierno de Trump frenó los proyectos de energía eólica que son necesarios para controlar las facturas de servicios públicos y una red confiable», dijo Kennedy.
La orden «ha sido un golpe devastador para los trabajadores, los clientes y la confiabilidad de la red eléctrica», dijo, agregando que el gobierno federal «debería usar este fallo como una llamada de atención, detener sus acciones ilegales y apartarse del camino de la expansión de las energías renovables».
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