La Corte Suprema de Israel se reunirá el martes para comenzar a considerar si se debe derogar una ley profundamente polémica que limita el poder del propio tribunal, en una audiencia que prepara el escenario para un enfrentamiento constitucional entre los poderes judicial y ejecutivo del país.
El tribunal superior considerará un proyecto de ley aprobado por el Parlamento en julio que dictaminó que los jueces ya no podían anular decisiones ministeriales utilizando el estándar legal de “razonabilidad”.
Los jueces podrían tardar meses en llegar a una decisión, y israelíes de todos los orígenes políticos dicen que el futuro y el carácter del país dependen en parte del resultado de la audiencia.
El gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu –el conservador más nacionalista y religioso de la historia de Israel– ve al tribunal como un obstáculo a su visión de una sociedad más conservadora y nacionalista. Históricamente, el tribunal ha actuado como control de la influencia religiosa en la vida pública, de algunas actividades israelíes en la ocupada Cisjordania y de decisiones que favorecen a los judíos sobre los árabes.
La oposición considera al tribunal un garante del carácter secular de Israel, un protector de sus minorías y un baluarte contra el autoritarismo.
Con la legislación aprobada en julio, el gobierno intentó impedir que el tribunal utilizara el estándar de “razonabilidad” con el argumento de que era demasiado flexible y que en el pasado había dado al tribunal demasiado espacio para involucrarse en las decisiones gubernamentales. La coalición dijo que el tribunal todavía tenía otras herramientas con las que podía limitar la influencia del gobierno.
El tribunal escuchará los argumentos de ocho peticionarios contra la ley, la mayoría de ellos organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña por la buena gobernanza.
Los opositores a la ley argumentan que la legislación socava la democracia israelí al limitar el poder de la Corte Suprema, que es el principal control de las extralimitaciones del gobierno. Israel no tiene una constitución escrita ni una segunda cámara del Parlamento, lo que aumenta la importancia del tribunal como contrapeso al poder del gabinete y la legislatura.
La ley es parte de un paquete legislativo más amplio, el resto del cual el gobierno hasta ahora no ha implementado. El gobierno todavía espera aprobar otra ley que le dé mayor control sobre quién llega a ser juez. Pero Netanyahu ha descartado seguir un tercer plan que habría permitido al Parlamento anular las decisiones de la Corte Suprema.
El paquete ha provocado lo que muchos ven como la peor crisis interna en la historia de Israel, que ha ampliado las divisiones de larga data entre israelíes seculares y religiosos, así como entre judíos de ascendencia europea y del Medio Oriente.
Los opositores a la ley han realizado 36 semanas consecutivas de protestas masivas. La reforma judicial también ha llevado a algunos inversores a desinvertir en Israel, ha llevado a más de 1.000 soldados de reserva a suspender su servicio voluntario para el ejército israelí y ha tensado la relación de Israel con el gobierno de Estados Unidos.
