El nombre de Ramón Emilio Jiménez Collie, alias “Mimilo”, se repite unas 289 veces en el documento de solicitud de medida de coerción elaborado por el Ministerio Público en contra de los imputados en la Operación Calamar.
Este caso anticorrupción compromete a importantes exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina como a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, como miembros de una presunta estructura que desfalcaba y estafaba al Estado dominicano.
De acuerdo con la solicitud, Guerrero utilizó una estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez, alias “Mimilo”, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, para ejecutar sus operaciones ilícitas.
El órgano persecutor señala que, a través del Ministerio de Hacienda, tanto Mimilo como el resto de este grupo realizaban “procesos de pagos ilegales con la Dirección de Casino y Juego de Azar”, una institución de esa dependencia entre los años 2016 y 2020.
Jiménez Collie hizo, junto a los otros encartados, “un esquema de distribución de esos pagos”.
El papel de “Mimilo” Aunque Mimilo no ostentaba un cargo dentro del tren gubernamental, es uno de los tantos imputados que realizaron acciones en favor de la estructura criminal liderada por los entonces funcionarios de alto rango.
El documento expone que, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, recibían sumas millonarias producto de sus actividades fraudulentas y organizaron un esquema de entrega conocido como “La Casita”
El nombre hace referencia al lugar donde, según el MP, los imputados recibían el dinero en efectivo y se lo entregaban al excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
En la solicitud se indica que era Mimilo quien realizaba la mayoría de las entregas.
De hecho, para la campaña política interna del partido morado, en 2019, “persistía la necesidad de obtener más fondos”, por lo que para el financiamiento ilícito de la campaña, Gonzalo Castillo recibió de manos de Jiménez Collie una suma aproximada de RD$3, 812 millones.
“El imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Collie para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero, y el mismo siempre confirmaba las entregas”, dictó la solicitud.
Acciones similares se repitieron en la campaña presidencial de 2020, cuando el entramado empezó a identificar los expedientes en los que “se podían adquirir los fondos públicos que requería para destinarlos al financiamiento político”, y a su vez, lucrarse personalmente.
Mimilo fue también quien presentó al exministro de Hacienda al imputado Fernando Crisóstomo Herrera, quién a solicitud de Guerrero pasó a “captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos de Deuda Administrativa al Estado, en particular por casos de expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos”.
En ese mismo orden, el MP subraya que el imputado fungió como el contacto directo entre Crisóstomo, quien pasó a ser la cabeza de la estructura criminal no gubernamental y Donald Guerrero, cabecilla de la parte gubernamental del entramado.
Solo por servir como intermediario entre ambas estructuras, Mimilo recibió aproximadamente 700 millones de pesos.
Modalidad fraudulenta
El Ministerio Público señala en el documento que se cambió la modalidad de entrega del dinero recaudado por las acciones de desfalco de fondos públicos y estafa contra el Estado.
En el nuevo esquema, el dinero procedente de las transacciones realizadas por Hacienda se llevaban en un camión blindado del Banco de Reservas hasta el parqueo de la oficina de Mimilo, ubicada en el Distrito Nacional, usualmente alrededor de las 6:00 de la tarde.
Desde allí, era llevado por Jiménez Collie a la oficina de Gonzalo Castillo o a la denominada “Casita”, como se refiere anteriormente.
Según el MP, Mimilo reportaba cada una de las entregas a Donald Guerrero, quien en ocasiones estaba presente. De todas estas operaciones ilícitas, el imputado se adjudicaba el 4% de los exorbitantes fondos sustraídos.
