El gobierno federal quiere cambiar las reglas del juego para que las personas que tengan antecedentes delictivos no sean discriminadas a la hora de solicitar vivienda pública.
“Ya no se puede negar a una persona la capacidad de vivir en una vivienda pública, vivienda de la sección A, solo porque tiene antecedentes penales. Esos días ya pasaron”, comenta Marcia Fudge.
Una condena penal puede ser una barrera de por vida que impide el acceso a los empleos, a la educación ya la vivienda, entre otros.
Para aliviar este problema, el departamento de vivienda federal está planeando emitir una nueva guía para agencias de vivienda públicas y propietarios afiliados sobre qué tipo de antecedentes no deben tener en cuenta.
También se muestra cómo realizar una evaluación individualizada al revisar los registros de antecedentes penales.
Rafael Medina, portavoz del Centro para el Progreso Americano dice:
“Sabemos que estas prácticas cumplen, de hecho nueve de cada 10 propietarios obtienen investigaciones automáticamente, las empresas que realizan estas verificaciones a menudo no están reguladas y no están obligadas a registrarse en una agencia gubernamental entonces creo que ahí podemos ver algunas de esas mejores” .
Autoridades locales resaltaron que la ciudad ya está tomando medidas en contra de diferentes tipos de discriminación en el acceso a la vivienda.
“Desafortunadamente, esto impacta al pueblo latino y afroamericano, las minorías más que otros grupos. Nosotros estamos sobre representados en el departamento de justicia penal”, indica el Comisionado de Preservación y desarrollo de la vivienda, Adolfo Carrión.
“Da una segunda oportunidad a miles de neoyorquinos para empezar esa vida nueva; quizás cometieron un error de jóvenes”, sostiene Mark Levine, presidente del condado de Manhattan.
El anuncio se hizo luego de una revisión, que señala que muchas de las reglas de la agencia podrían mejorarse para garantizar que no se niega automáticamente la asistencia de vivienda a un solicitante fuertemente únicamente en la presencia de una condena penal, excepto cuando la ley federal clean lo prohíbamente.
Según datos del gobierno federal, en el país cada año, más de 650.000 personas son liberadas de las prisiones.
Y una de cada tres tiene antecedentes penales, en particular hombres latinos y afroamericanos.
