El Contralor de la Ciudad y una Coalición de organizaciones presentaron dos nuevas demandas contra la pausa indefinida por parte de la gobernadora Hochul a la implementación de la tarifa por congestión.
Ambas legales legales aducen que la interrupción del plan viola la ley estatal.
La primera sostiene que Hochul no tiene autoridad para detener la Ley de Reforma y Movilidad del Tráfico de la MTA de 2019, aprobada por ambas cámaras de la Legislatura estatal y promulgada como ley por su predecesor, Andrew Cuomo.
La otra demanda, liderada por Earthjustice y Riders Alliance, se enfoca en el compromiso del estado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para 2030.
Los conductores, por su parte, temiendo el impacto.
«Es mucho dinero en la cuestión de que hay que pagar por el peaje y pagar otra vez por una entrada a Manhattan y la mayoría de la gente trabaja en Manhattan. Es un lugar donde todo el mundo trabaja, lugar turístico, un lugar donde todo el mundo llega; como es el centro, todo el mundo pasa por ahí», dijo Angelo León, automovilista.
«En realidad, todos los pesos ya deberían estar cubriendo eso. Recién acabaron de subir el peaje para Staten Island. Subió el otro para New Jerser y ponerlo aquí, lo que van a causar es más congestión en en la MTA, en los autobuses y todo eso. La gente va a dejar de manejar para aquí”, agregó Leiton Matamoros.
Los demandantes citan que interrumpir el arranque del plan ha resultado en un déficit de 15 mil millones de dólares en el presupuesto de la MTA.
El Senador estatal Gustavo Rivera habló sobre el tema hace unos días en Pura Política.
«Hemos invertido casi 600 millones de dólares en el equipo que ya está en las calles, que lo que había que hacer era encenderlo para que las personas, cuando entraran, se le pudiera cobrar. Pero ese ese equipo todavía está ahí y son casi 600 millones de dólares -que si no se continúa con el con el programa, entonces lo hemos lo hemos malgastado».
Por su parte, la gobernadora respondió en un comunicado: “Haga cola. Ahora hay 11 demandas separadas sobre la tarifa de congestión presentadas por grupos que intentan utilizar el sistema judicial como arma para ganar puntos políticos”. Se dijo además que la gobernadora «continúa enfocada en financiar el transporte, reducir la congestión y proteger a los trabajadores neoyorquinos».
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