La justicia española ordenó el embargo de los bienes y el dinero de Ana Julia Quezada, la mujer dominicana condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ocurrido en 2018 en Almería.
De acuerdo con medios locales, la Audiencia Provincial de Almería dispuso que se retengan las sumas que Quezada recibe por los trabajos que realiza en la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple su condena —unos 200 euros al mes—, además de cualquier otra cantidad que pueda recibir.
La sentencia, emitida en septiembre de 2019, obliga a Quezada a pagar 250,000 euros a cada uno de los padres del niño por daños morales, así como 200,203 euros al Estado por los gastos de la búsqueda del menor, que se extendió por casi dos semanas.
Hasta la fecha, Quezada solo habría pagado 467 euros de la indemnización, pese a que el fallo quedó firme en febrero de 2020. Su defensa apeló el embargo, alegando que el dinero que gana en prisión no alcanza el salario mínimo y, por tanto, no debería ser embargado, mientras que el resto de su patrimonio proviene de ayudas enviadas por allegados.
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