Claudia Valvidia y su esposo Oscar llevan casi 8 años viviendo en un apartamento en un sótano de Jackson Heights por el que pagan 1,800 dólares.
Recientemente se enteraron de que es ilegal, como las viviendas similares que se inundaron con el paso del huracán Ida que causó la muerte de 11 personas hace 2 años.
«No me fumigan, no me reparan, no me pintan, no me hace nada. Yo si se rompe algo, un tubo del baño o algo, nosotros lo tenemos que arreglar», dijo Valdivia.
Con fuertes lluvias, ellos mismos sufren de inundaciones que, dicen, ponen en peligro a sus cinco hijos.
«Por la coladera del baño, por la regadera y por todos lados empieza a salir agua sucia», dijo Oscar Chavelas, también residente en un sótano de un apartamento.
Ellos y sus vecinos y miembros de la comunidad se unieron a legisladores estatales en un llamado a que una legalización de las viviendas parcialmente subterráneas y con controles de seguridad en el presupuesto estatal a ser firmado por la gobernadora Hochul.
«Las leyes del Estado de Nueva York son muy complicadas para los dueños y para los inquilinos», dijo el asambleísta Harvey Epstein.
«Necesitamos apartamentos seguros», agregó Steven Raga, también asambleísta.
La medida, dicen, ayudaría a aliviar la crisis de vivienda y reduciría la presión económica para familias inmigrantes y de bajos recursos.
González Rojas. asambleísta.
«Hoy tenemos que legalizar los apartamentos de sótanos para la comunidad», dijo Jessica González-Rojas, asambleísta.
Mientras tanto, la familia de Claudia y Oscar podría tener que mudarse. El propietario además de rehusarse a hacer reparaciones, quiere desalojarlos.
“Los abogados se prestan para mandarme esto para tenerme con miedo, intimidarme, porque la vez que yo la llevé a la corte yo no tuve un abogado ni nadie que me defendiera”, dijo Valdivia.
Y de ser desalojados, con sus sueldos combinados, dicen que no podrían alquilar sino por otro sótano, legal o ilegal.
«Pagamos impuestos, nos gusta estar bien con el gobierno y creo que es justo que nos den un lugar digno para nuestros hijos, sólo pedimos un lugar digno», agregó Valdivia.
A falta de un conteo oficial, las organizaciones calculan que aproximadamente 400,000 o más este tipo de apartamentos en los cinco condados.
