Entre los convenios de préstamos aprobados en el Congreso Nacional en un año, desde el 16 de agosto del 2020, figuran compromisos financieros contraídos por el Estado dominicano que se extenderán algunos hasta el año 2044, y ascienden a un monto global de US$1,979 millones, según cálculos hechos por Diario Libre.
De esa cantidad, fueron aprobados préstamos ascendentes a US$1,019 millones, que representan el 55 % de lo aprobado, con la finalidad de que el gobierno cumpla con compromisos sociales y económicos asumidos por la pandemia.
Del total de 15 préstamos aprobados, siete fueron suscritos durante el último gobierno de Danilo Medina por US$656 millones, y ocho durante la gestión de Luis Abinader por US$1,323 millones.
Deudas por COVID-19
Seis de los compromisos financieros asumidos por la actual gestión gubernamental y sancionados en ambas cámaras legislativas tienen el argumento de enfrentar el impacto provocado por el COVID-19 y ascienden a US$1,019 millones.
El último de esos préstamos sancionados fue suscrito por US$236 millones para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal y Gestión Fiscal. Su aprobación se produjo en medio de cuestionamientos durante el nuevo proceso de votación digital que estaba siendo probado en el Senado. El convenio fue suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Asimismo, fue aprobado otro préstamo ascendente a US$120 millones, suscrito con la farmacéutica Pfizer, para adquirir 10 millones de dosis de vacunas para prevenir ante el COVID-19.
Se trata de la modificación de un préstamo anterior, aprobado por el Congreso Nacional por US$96 millones para comprar 8 millones de dosis de la vacunas.
También, se encuentra el préstamo suscrito el pasado 28 de septiembre con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$100 millones, para financiar el Programa de Política de Desarrollo, en apoyo a la respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.
Para sustentar dicho empréstito, entre los pilares citados por Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en una carta dirigida al Congreso Nacional, figuran apoyar la capacidad del sistema de salud pública, respaldar las medidas para la asistencia nutricional, apoyo económico de los hogares vulnerables y reducir la carga tributaria.
La tasa de amortización tiene prevista 40 cuotas: la primera se pagaría el 15 de julio de 2024 y la última el 15 de enero de 2044.
Para sustentar dicho contrato las autoridades destacaron acciones impulsadas, en respuesta al COVID-19, entre las que figuran autorizar procesos de emergencia para contratar bienes, trabajos y servicios relacionados con la salud; adoptar un plan de contingencia, aplazar el pago de impuestos y crear los programas de subsidio FASE y “Quédate en Casa”.
La compra de 10 millones de dosis de vacunas a AstraZeneca, por US$40 millones, también figura entre los préstamos aprobados.
Asimismo, fueron sancionados dos contratos de préstamos suscritos con el BID por USD$500 millones para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para atender la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, y el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal.
Además, fue sancionado otro préstamo por US$23 millones, suscrito el 18 de septiembre pasado con Gavi Alliance, en Suiza, para asegurar el acceso del 10 % de la población a vacunas seguras y eficaces.
Algo impostergable
Al economista Miguel Collado Di Franco, director de Investigación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), le preocupa el ritmo de endeudamiento en el país desde el año 2000 hasta la fecha.
Cree que es impostergable que sea aprobada una reforma tributaria, similar a la realizada en el 1992, para que las tasas tributarias sean disminuidas y ampliada su base impositiva.
Afirma que cuando se bajan las tasas del impuesto sobre la renta y de los impuestos selectivos al consumo como, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas y el tabaco, afectados por la falsificación y el contrabando, eso constituye un incentivo para recaudar más, disminuyendo la evasión y la informalidad.
Recordó que el CREES, con apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), presentó en octubre de 2013 ante el Congreso Nacional un anteproyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que contribuiría a que este poder del Estado pueda cumplir con su rol de fiscalizar.
Sobre el tema, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, había afirmado que “un déficit fiscal no es posible eliminarlo de un año para otro”. “Es un proceso que debe ser gradual para evitar problemas macroeconómicos y sociales”.
Dijo que los últimos 12 años se han registrado déficits fiscales “considerables”, que junto con el endeudamiento por el COVID-19, han contribuido con el aumento de la deuda pública.
Según informes publicados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la deuda del sector público no financiero ascendía a US$47,406.6 millones a junio de 2021, equivalentes al 54 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año.
Préstamos por US$369 millones pendientes
Otros seis contratos de préstamos por un monto global de US$369 millones están pendientes de ser aprobados en el Congreso Nacional, debido a que solo han sido sancionados en una de las dos cámaras o no han sido conocidos en ningún hemiciclo. De esa cantidad, cuatro fueron suscritos durante el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dos en el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Existe uno ascendente a US$100 millones para apoyar al Pacto Nacional por la Educación, que fue suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El pendiente, de mayor monto, fue suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$300 millones para financiar el programa de apoyo a la emergencia generada por el COVID-19.
El rol fiscalizador
Los diputados de los partidos minoritarios han llevado la voz más crítica sobre el endeudamiento y su rol de fiscalizar. Así lo han expresado los diputados Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio (FA); Aida López, del Partido Liberal Reformista (PLR); y José Horario Rodríguez, de Alianza País (AlPaís).
Radhamés Camacho, diputado y miembro de la cúpula peledeísta, partido que gobernó durante los anteriores 16 años, admitió que esas gestiones se caracterizaron por financiar el déficit presupuestario. Dijo que, siendo coherentes con esa práctica, han apoyado la aprobación de los préstamos, aunque cree que el actual gobierno debe “ir moderando” esa política.
Transporte, pérdidas eléctricas y Metro SD
El resto de las deudas contraídas, aprobadas por el Congreso Nacional ascienden a US$960 millones e involucran programas para ser usados en el transporte terrestre y seguridad vial, pérdidas eléctricas y la línea 1 del Metro de Santo Domingo.
Además, para los proyectos de Sanidad e Innovación Agropecuaria y el Mejoramiento a la Educación y Formación Técnico Profesional.
Entre éstos figuran dos contratos de préstamos para el programa de apoyo a la Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en República Dominicana, suscritos cada uno por US$250 millones. Uno de esos préstamos fue suscrito con el BID y, a través del mismo, el Estado se compromete a amortizar dicha deuda hasta 15 de mayo del 2039. El segundo préstamo aprobado fue suscrito con la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD).
Además, fue sancionado un préstamo suscrito con JP Morgan Chase Bank por US$54.1 millones, para financiar el Proyecto de Saneamiento Pluvial y Sanitario de la cañada de Guajimía Fase II, etapa I. Otro contrato fue aprobado por US$155 millones para financiar la expansión de redes y reducción de pérdidas eléctricas en distribución. La primera cuota se pagará el 15 de julio de 2024 y la última, el 15 de enero de 2044.
Además, en la lista de deudas figura un crédito, suscrito con la AFD, para financiar el Proyecto Gestión de la parte alta y media de la cuenca del Río Yaque del Norte en la vertiente norte de la Cordillera Central-Plan Sierra III, por US$21.6 millones.
También, con esa última entidad crediticia fue aprobado un convenio de crédito por US$55 millones, para aumentar la capacidad de transporte de la Línea 1 del Metro Santo Domingo.
