- Daniel Pardo
- BBC Mundo, Caracas
Iván Simonovis, el comisario venezolano que obtuvo casa por cárcel este sábado, no sólo es un nombre estrechamente vinculado con los eventos que rodearon el golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez en 2002. Es, también, un símbolo de la historia reciente de Venezuela.
Un símbolo, por supuesto, de aquel 11 de abril -el día del golpe fallido- que marcó política, económica y socialmente al gobierno del fallecido presidente.
Y un símbolo, asimismo, de la Venezuela dividida que han dejado estos 15 años de revolución bolivariana.
Para el chavismo, Simonovis, de 53 años, representa esa amenaza de la «extrema derecha» y Estados Unidos que aún intenta, según ellos, tomarse el poder del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
Mientras tanto, para casi la otra mitad del país, simpatizante opositora, el caso de Simonovis representa el contenido «autoritario», «represivo» y «corrupto» que ellos ven en el gobierno chavista.
Y en este 2014 de crisis económica y protestas masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la liberación de Simonovis, por el que se pedía una medida humanitaria dado su grave estado de salud, se ha convertido en una de las condiciones de la oposición para que haya algún tipo de diálogo y cooperación entre ellos y el gobierno.
De comisario a símbolo
Ivan Simonovis era comisionado de seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas (oposición) durante la crisis de 2002 que desembocó en el breve derrocamiento del presidente Chávez y fue considerado responsable de la llamada masacre de puente Llaguno ocurrida el 11 de abril.
Ese día murieron 19 personas cuando una marcha no autorizada de la oposición chocó con simpatizantes del gobierno en las cercanías del palacio presidencial. El evento detonó una serie de pronunciamientos militares desconociendo la autoridad de Chávez.
Dos años después, en noviembre de 2004, Simonovis fue arrestado en el aeropuerto de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, en la puerta del avión privado en el que planeaba viajar al exterior.
En 2006, se le empezó juicio junto a otros altos jefes y funcionarios policiales.
Tras un proceso que los abogados de la defensa criticaron por exceder los plazos establecidos en la ley, en 2009, Simonovis y los otros procesados fueron sentenciados por su responsabilidad los eventos de puente Llaguno.
Simonovis, junto a los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, fue condenado por «complicidad correspectiva» a 30 años de prisión por el fallecimiento de dos ciudadanos, Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque. Nadie ha sido procesado hasta ahora por los otros 17 muertos.
Forero y Vivas recibieron el beneficio de casa por cárcel, el mismo que se le otorga al excomisionado.
Los abogados de Simonovis advirtieron desde antes de que empezara el juicio que presentaba un grave deterioro de su salud, y aunque la Fiscalía aseguraba que su vida no corría peligro, la defensa alertaba sobre el empeoramiento de la condición del excomisario a lo largo de su reclusión.
El año pasado, la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional abogó por la liberación de Simonovis, quien, según sus médicos, sufre 19 enfermedades de distinta gravedad.
Este año la oposición puso su liberación por razones humanitarias en el primer renglón de las condiciones que estableció para sentarse a dialogar con el gobierno en medio de las protestas que dejaron 42 muertos, 600 heridos y más de 3.300 detenidos, la mayoría de ellos ya en libertad.
De los 80 que permanecen tras las rejas según la ONG Foro Penal, grupo que hace seguimiento a los casos, está el político opositor Leopoldo López, que se convierte ahora en el gran representante de lo que los opositores llaman los «presos políticos del régimen».
Mesa de diálogo
La liberación de Simonovis se da cuando la economía del país está en su peor condición en décadas: la inflación pasa el 60%, el desabastecimiento está desbordado y el déficit fiscal pasa el 15%.
Aunque la mesa de diálogo que se instaló durante las protestas se suspendió, los comentarios de que el gobierno y algunos miembros de la oposición siguen negociando «debajo de cuerda» son cada vez más frecuentes.
Los diálogos en marzo fueron mediados por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Y hay quienes aseguran que la reciente visita a Caracas del nuevo secretario de la organización, el colombiano Ernesto Samper, fue motivo para nuevas reuniones entre la oposición y el gobierno.
«Cambio encubierto»
Frente a la crisis económica, el gobierno de Maduro no ha realizado el ajuste que muchos afirman que debe hacer, como subir en precio de la gasolina o devaluar la moneda local.
Pero para Luis Vicente León, analista político y presidente de la encuestadora Datanálisis, la medida humanitaria a Simonovis muestra que habrá un «cambio encubierto».
«Subieron los precios de algunos productos sin anunciar una devaluación y han pagado parte de las deudas al sector privado sin hacerlo público», le dice León a BBC Mundo.
«Y ahora liberan a Simonovis sin hacer bulla, en la madrugada de un sábado», indica.
«Entonces, están sacando vapor de la olla sin anunciarlo para evitar las reacciones de los más radicales», dice en referencia a los chavistas que ven la liberación y los ajustes como concesiones a la oposición y al sector privado.
«Pierden las víctimas»
Precisamente esa es la interpretación que el analista Nicmer Evans da a la liberación.
«Esto muestra que los planteamientos que se hicieron en las mesas de diálogo han continuado siendo puntos de agenda para el gobierno de Maduro», le dice el politólogo a BBC Mundo.
En los últimos meses Maduro ha sufrido una fuerte bajada en las encuestas que miden su popularidad.
«Y eso ha hecho que se vea obligado a ceder», asegura Evans.
«Las víctimas del 11 de abril, que argumentan en nombre de la Constitución que los crímenes de lesa humanidad como este no tienen beneficios, son los perdedores de este episodio», señala.
Evans recuerda que Maduro dijo durante las protestas que la liberación de Simonovis «no es negociable».
Y ahora esto, dice el analista, «hará que las bases chavistas le exijan más claridad».