En su calidad de coordinador del grupo de trabajo creado por el presidente Luis Abinader para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, el abogado Servio Tulio Castaños Guzmán entregó un informe al mandatario en el que planteó la necesidad de ordenar una depuración total de esa institución, así como retirar al menos a 21 generales.
El jurista estimó necesario, para avanzar en una reforma del cuerpo del orden, una depuración en la que se separen a “aquellos remanentes que desvirtúan la naturaleza del órgano”.
Este proceso debe ser lo suficientemente robusto para lograr el saneamiento y, consecuentemente, permitir el asentamiento de una nueva cultura policial a partir del trabajo de adecuación y reforma en curso, señaló Castaños Guzmán.
Remarcó que la depuración debe dirigirse en tres acciones esenciales: la desvinculación por la comisión de infracciones penales; la separación por procedimientos disciplinarios que así lo requieran, en función de faltas en que incurren; y los resultados de la evaluación de desempeño que ha de ser realizada anualmente.
Recomienda que el resultado de esa evaluación condicione la permanencia o no en la institución.
Retirar generales
La Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, ordenó el desmonte de la cantidad de generales hasta dejar su número en un máximo de 20, y dio un plazo de 24 meses para retirar al excedente. Pero en la actualidad se encuentran acti- vos 41 generales.
Otra recomendación fue adecuar el escalafón de la carrera policial para que responda a criterios más adecuados.
También resaltó la necesidad de fortalecer la legitimidad social de la Policía, para que esta goce de la confianza de la población.
Castaños Guzmán llamó la atención del mandatario sobre la necesidad de asignar los recursos económico suficientes para desarrollar los programas de capacitación y formación profesional de todos los miembros de la PN.
Coroneles y mayores
Al exceso de generales se suma una cantidad de coroneles, tenientes coroneles y mayores. “La sobresaturación en los mandos superiores ha sido identificada como un obstáculo para concretizar las reformas policiales en la región”, de acuerdo con Castaños Guzmán. Afirmó que esas dependencias superiores dificultan la fluidez de los canales de comunicación.
