Cinco regidores de la alcaldía del municipio Higüey notificaron este martes con la sentencia 296-16 del Tribunal Constitucional al Departamento de Planeamiento Urbano y al alcalde municipal Rafael Barón Duluc (Cholitin) para aclararle que la alcaldía no tiene facultad para aprobar el uso de suelo, sino el Concejo de Regidores.
Mediante la sentencia, los ediles solicitan a la entidad que «se abstengan de estar suplantando las competencias del Concejo de Regidores en lo referente a los permisos de uso de suelo, ya que esa es una facultad única y exclusivamente» que les compete ellos.
Los regidores que intimaron la citada entidad fueron Arlyn Yamell Martínez Morla, Leonte Torres Jiménez, Rosario Isabel Mateo, Luis Alberto Velez Rijo y Joaquín Ávila Inirio.
Según el documento, el Tribunal Constitucional en sus páginas, 19, 20 y 21, literales E, G,H, K, ha establecido que la alcaldía de Higüey viola la competencia del Concejo de Regidores, y uno de los precedentes del citado tribunal. Por lo tanto, el juez de amparo ordena al alcalde no tomar decisiones que salen de su competencia, puesto que las mismas corresponden a los concejales.
El texto también indica que es facultad de los ediles la aprobación del uso de suelo y no de la alcaldía, y según establece la Ley 176-07 en su artículo 126. A la oficina de planeamiento urbano solo le compete asistir técnicamente a las alcaldías y a las comunidades en el diseño, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del municipio, así como también regular y gestionar el planeamiento urbanístico, el uso del suelo y edificación en las áreas urbanas y rurales del territorio municipal.
Asimismo, establece que el concejo de regidores es el órgano que tiene facultad para la aprobación a los fines de otorgar el permiso de uso de suelo y edificación, por lo el tribunal actuó de manera errónea cuando interpretó la ley, que estableció que la concesión de permisos relacionados a la construcción y uso de suelo correspondía al municipio Higüey.
Los regidores advirtieron a la Alcaldía de Higüey que debe abstenerse de seguir con sus acciones que violentan las normativas de los artículos 88, 113, 126 y el 52 literal C de la citada ley, y de no cumplir enfrentarían una responsabilidad penal, y si no acatan este llamado procederán ante los tribunales para que se garantice el respeto institucional y la individualización de las funciones.
