Más de la mitad de las empresas españolas no cobran intereses por demora en los pagos. De acuerdo con el Informe Europeo de Pagos de Intrum, en España solo el 46% de las compañías están adoptando una medida incluida en la actual Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP).
El informe de Intrum señala que solo el 46% de las compañías encuestadas afirma aplicar esta directiva, la cual les otorga el derecho de reclamar intereses de demora de forma automática y cobrar al menos 40 euros como compensación por los gastos de recuperación.
Según los resultados de la encuesta sobre la aplicación de la Directiva Europea sobre Morosidad, la razón más citada por los encuestados para incentivar su implementación es la revisión de las normas vigentes, con un 56% de respuestas en ese sentido. La Comisión ya tiene en marcha una iniciativa para actualizar esta normativa con el propósito de promover un cambio significativo hacia una cultura de pagos sin demora.
Asimismo, otras opciones destacadas por las empresas para hacer un mayor uso de su derecho de reclamo y recobro son la mejora en la aplicación de la norma, que podría incluir la creación de un organismo público encargado de recibir denuncias, llevar a cabo un operativo y emitir sanciones y multas administrativas, esta opción obtuvo un 42% de las respuestas.
Soluciones a los litigios
Por otro lado, la mediación y soluciones alternativas de litigios también son consideradas importantes por el 37% de los encuestados. Estas medidas podrían contribuir a un manejo más efectivo de los problemas de morosidad en las empresas y mejorar la situación financiera de las mismas.
De acuerdo con el estudio, las empresas han destacado varias opciones para aumentar el uso de su derecho de reclamo y recuperación. Un 42% de los encuestados sugiere mejorar la aplicación de la norma mediante la creación de un organismo público responsable de recibir denuncias, realizar órdenes de emisión y emitir sanciones y multas administrativas.
Además, un 37% de los encuestados considera la mediación y soluciones alternativas de litigios como elementos importantes. Estas medidas podrían ser clave para abordar de manera más efectiva los problemas de morosidad en las empresas, lo que, a su vez, mejoraría su situación financiera.
