A partir del 6 de enero, agentes de ICE podrán acceder a información básica de personas inscritas en Medicaid.
Un juez federal en California tomó la decisión que da luz verde a la administración Trump para retomar este intercambio de esos datos.
El fallo permite a las autoridades migratorias usar información de personas indocumentadas que reciben beneficios de salud financiados por los estados, como parte de su agenda de deportación.
El juez federal Vince Chhabria asume que la ley sí autoriza compartir datos básicos, como nombre y datos biográficos, estatus migratorio, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de Medicaid.
Sin embargo, el juez dejó claro que el gobierno no puede compartir: información médica sensible, datos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales ni información de familias con estatus migratorio mixto.
Según la decisión del juez, “Más allá de la información básica discutida anteriormente, las políticas son totalmente confusas y no parecen ser el resultado de un proceso de toma de decisiones coherente”.
Esto ocurre luego de que la medida de compartir información con ICE estuviera detenida durante meses por una demanda presentada por 21 estados, entre ellos California y Nueva York.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que esto es “una victoria para el estado de derecho y los contribuyentes estadounidenses”.
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, expresó su decepción, señalando que las personas se inscribieron en programas de salud con la expectativa de que su información se usará solo para recibir atención médica, y advirtió que esta medida podría hacer que menos personas busquen atención médica esencial.
Medicaid es un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados, con alrededor de 79 millones de inscritos en todo el país.
Aunque los inmigrantes indocumentados no califican para Medicaid federal, estados como California, Nueva York, Illinois y Colorado ofrecen cobertura financiera por el estado, sin importar el estatus migratorio.
Mientras el caso sigue en la corte, la orden judicial seguirá vigente hasta que haya una decisión final, esto significa que, por ahora, el gobierno solo puede usar datos básicos.
Si ICE quiere tener acceso a más información, tiene que volver a presentar nuevas reglas que justifiquen legalmente un mayor intercambio de datos.
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