Según la RAE, por reto se entiende “el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”. Al hablar de retos laborales la primera cuestión que se plantea es determinar quién o quiénes son los sujetos implicados, tanto los sujetos activos, que asumen la dificultad o el desafío de conseguirlo. un objetivo difícil de llevar a cabo, como los sujetos pasivos que resultarán favorecidos (o perjudicados) por ello. Y la segunda cuestión a decidir es, sin duda, la determinación de los objetivos que se persiguen, caracterizados por su dificultad, puesto que nada fácil de decir o hacer es un reto de nadie frente a nadie.
Hay que dejar a un lado los esotéricos y contradictorios efectos de la inteligencia artificial, la gran revolución venidera. Dejándola fuera de contemplación, digo, entre los retos laborales para 2024 deben encontrarse la estabilidad en el empleo, el acortamiento de la jornada de trabajo, la fijación de los salarios mínimos, la continuidad en el pago de pensiones actualizadas y, sobre todo, la recomposicion del dialogo social.
En cuanto a la estabilidad, hay que buscar la fijeza efectiva en los puestos de trabajo que respondan a necesidades permanentes del proceso productivo de las empresas. La enorme generalización de los contratos fijos discontinuos determina una estabilidad engañosa muy alejada del propósito al que retóricamente responden, sin negar que, en ciertos casos, hayan mejorado las abusivas cadenas de la contratación temporal.
el acortamiento de la jornada de trabajo – ¡Hasta de cuatro días se habla! – ha sido hasta ahora una simple ocurrencia improvisada, que ni siquiera tiene en cuenta el mantenimiento de las 48 horas en la Directiva 2003/88/CE. Por ello, antes de nada, habría que definir con rigor qué es el “trabajo efectivo” y aplicar medidas eficaces de ajuste a las descontroladas horas extraordinarias y complementarias tan frecuentes en la mayoría de los sectores.
Pero, sin duda, el reto estrella por su urgencia es la recomposicion del dialogo socialpara corregir la peligrosa deriva del arrinconamiento de los interlocutores sociales por las decisiones gubernamentales, nacidas de los que podrían llamarse “pactos de los siete votos”. No sorprende, por tanto, que la reciente reforma legal que prioriza los convenios colectivos autonómicos sobre los convenios colectivos estatales haya sido objeto de repulsa compartida por los sindicatos y por las patronales. A ninguno de los cuales le agrada convertirse en figuras de cera en esta fundamental y primaria vía de fijación de las condiciones efectivas de trabajo como fuente fundamental en las relaciones laborales en nuestro país.
Diálogo social que, asimismo, debe protagonizar, de una vez por todas, la determinación de los salarios mínimos para períodos de tiempo preestablecidos, sin someter a los interlocutores sociales y, en particular, a los empresarios, a la sorpresa nacida de una decisión política. repentina, en búsqueda algunas veces del protagonismo ministerial más que la justificada adecuación de los salarios a los niveles de vida de los trabajadores.
Y qué decir de la exigencia de concertar cualquier reforma en el área de la protección social, como la reciente reforma de los subsidios de desempleo. Salvo que el diálogo se encuentre institucionalizado, por ejemplo, para todo cuanto afecta a las pensiones ya su continuidad, inviable sin la intervención del Pacto de Toledo, no existe justificación alguna para alterar las prestaciones sociales sin atender a las propuestas de los interlocutores sociales. Las de los sindicatos porque son los más capacitados para distinguir un avance social de una regresión disfrazada de progreso. Y las de los empresarios porque, en un altísimo porcentaje, soportan la financiación de tales prestaciones y cualquier modificación sobrevenida en su régimen jurídico afecta insoslayablemente a sus costes, capacidad productiva y desarrollo.
Luis Enrique De la Villa, socio del área laboral de Hogan Lovells en Madrid.
