La designación de Ángel Hernández como ministro de Educación fue muy bien acogida en el sector, que le conocía una trayectoria larga y fructífera. Estaba claro que el Minerd necesitaba un hombre tranquilo al frente.
Los escándalos financieros de las últimas gestiones (en plural) siguen su curso: unos ya en tribunales, otros en investigación por la Pepca. Muchas licitaciones, principalmente las de dispositivos electrónicos y de libros de texto, fueron impugnadas y envuelven cifras de dinero mareantes.
La última gran decisión del ministro, sin embargo, ha causado sorpresa y levantado dudas. Cierra el capítulo de comprar los libros de texto de la educación pública a las editoriales especializadas y crea una Unidad Editorial interna que junto a las academias, particulares y universidades deben realizar los textos escolares.
-¿Por qué decidió crear esta Unidad interna?
Hay una primera razón económica. Es un costo muy alto para el Minerd y para el país pagar unos libros tan caros, es un costo cercano a los 5.000 millones de pesos. Creo que el ministerio puede hacer unos textos con más calidad y a un precio más razonable: tal vez unos 600 millones de pesos.
-Los libros escolares son una especialidad, no todo el mundo, por mucho que sepa de una materia, puede hacerlos…
Estoy involucrando a la inteligencia del país. Para mí es muy importante que la Academia de Ciencias, la de Historia, Fe y Alegría, la PUCMM, UASD, UNPHU… trabajen en esto.
-¿Por qué Fe y Alegría?
Porque durante la pandemia elaboraron un material para la alfabetización que ha dado muy buenos resultados. Van a preparar los materiales de primero, segundo y tercer grado de primaria en lectoescritura. El colegio La Salle los utilizó, hizo la prueba y los niños aprendieron a leer perfectamente.
-¿Se están cumpliendo los procedimientos?
Sí, perfectamente.
-¿Ha habido licitación, concurso?
No, no ha habido… En la Ley de Compras se establece que cuando son productos científicos se puede hacer una contratación directa. Hay que tener en cuenta que estamos tratando con instituciones, no con personas. Son convenios de colaboración científica, y se ajusta totalmente a la Ley. Eso se ha consultado con Carlos Pimentel.
-Instituciones que no hacen libros escolares…
Y por eso tenemos un equipo de pedagogos y de editores en la Unidad creada para ayudar en el proceso. Todos son pedagogos… Manuel Núñez, que la dirige, es pedagogo. Pasó diez años haciendo libros escolares para Santillana y lo hizo antes en Susaeta. Y recuerde que no es solo ese equipo. Están la división de Currículum del ministerio y la de Medios Educativos también involucradas.
-¿Fue solo una cuestión de precio?
Si aquí analizáramos bien el tema de los libros… ¿Qué recibió ahora el ministerio? Un pen drive con un PDF, ni siquiera es un libro digital. Y, además, la mayoría de esos libros, pasados por un programa antiplagio, no tienen consignado, por ejemplo, el origen de las imágenes… No todas las editoras, hay editoras muy serias. Ahí pongo, entre otras, a Santillana, SM, Casa Duarte… son algunas de estas.
«En la Ley de Compras se establece que cuando son productos científicos se puede hacer una contratación directa»Ministro de Educación
-Esas editoriales, ¿pueden participar en este proceso?
Todos pueden participar, esto es abierto.
-Pero las materias ya han sido asignadas, los contratos firmados y las editoras no fueron llamadas a la reunión que el Minerd sostuvo con otras instituciones.
¿Cómo le digo? Lo que tienen las editoras per se son unas unidades de producción industrial de libros… Hay cinco empresas que hicieron algo extraño en la última licitación, la de los libros digitales de secundaria: se vincularon, participaron y desnaturalizaron el proceso. Y tenían un chofer como autor de libros. Eso no es serio, eso el país no debe soportarlo.
-¿Eso es lo que está investigando la Pepca?
Hay varias instituciones que están en eso, sí. Haciendo averiguaciones.
-¿Y las editoras cuyos textos pasaron el programa de plagio?
Las editoras han tenido usualmente un mercado, que es el de los libros de los colegios privados. No se van a quedar sin trabajo, el mercado privado existe igual. Y el ministerio, probablemente, le seguirá comprando, hay áreas que lo requieren. Un libro de Francés, por ejemplo, bien se puede encargar a una editora. En el Plan Decenal se hicieron los libros, Ligia Amada hizo los libros y los hizo de calidad.
-¿Le preocupa el factor tiempo?
Yo confío mucho en la capacidad de la gente. Roberto Cassá, que es un historiador experimentado que ha producido libros de texto para Santillana, por ejemplo, tiene la capacidad para hacer un libro. Son personas de gran nivel las que estamos involucrando en el proceso. ¡Pero tampoco hay prisa! Son para el curso 2023-2024. Pero, si no podemos hacerlos todos…, ahí está el 2024-2025.
-¿Se quedan un año más sin libros los niños?
Aquí los niños no han tenido libros nunca, por lo menos en los últimos diez años. Aquí ha habido una falsedad total. Yo tengo los datos del volumen de dinero que se ha involucrado en libros de texto en los últimos años y realmente exceptuando el año pasado que se hizo una compra… Ahora los estudiantes tienen los que se compraron más los recursos que se crearon durante la pandemia.
-De acuerdo a los informes… no aprendieron gran cosa con ellos.
No aprendieron porque estaban en sus casas y no había garantías de que aprendieran. De esas cápsulas de televisión unas son de buena calidad y otras no lo son. Ahora se están utilizando con la presencia del profesor.
-En procesos anteriores los textos eran revisados por la OEI, por ejemplo. ¿Ahora el Minerd es juez y parte del proceso?
La única entidad que tiene la facultad legal para aprobar los libros es la división de curriculum del Minerd. La OEI es una entidad de consulta. Mi problema no es con los editores, creo que han hecho un trabajo maravilloso durante años. ¡Yo mismo trabajé también en Santillana! Conozco muy bien la seriedad de su trabajo. Pero este trabajo ha sido dañado por un grupo de sinvergüenzas. Fíjese que entre ellos mismos se peleaban. Los libros se aprueban por cuatro años, y unos sostenían que fuera por un año, por lo que venderían el mismo libro cuatro veces. Y entregan con pen drive con un código que no funciona al año siguiente. Es una tomadura de pelo y había que poner un alto a eso.
El 4% del PIB da para mucho. Para bien… pero también para muchos abusos. Recientemente se ha sabido que 1,950 servidores de computadora estaban en un almacén, que nunca fueron utilizados. 1,950 servidores que costaron 1,290 millones de pesos. A eso hay que sumar una cantidad indeterminada de computadoras dañadas.Para el ministro, “aquí se dilapidó el dinero”. Pero, a su juicio, la respuesta no es dejar de destinar el 4% a la Educación sino orientar la inversión correctamente y vigilar hasta la extenuación los procesos. Y una última pregunta: ¿Recuerda aquella reunión en Palacio con la Vicepresidenta en la que se pidió a las organizaciones del sector privado que presentaran propuestas para invertir mejor el 4%? ¿Hubo alguna?-Recuerdo la reunión, pero, que yo sepa, nadie presentó nada. Hicimos dos reuniones del Foro Educativo y de ahí salió la propuesta de que las entidades de cooperación internacional contribuyeran en un fondo común destinado al aprendizaje en tiempo oportuno.