En Florida, una nueva batalla política podría cambiar la manera en que se castigan los crímenes y se asignan responsabilidades.
El proyecto de ley HB 229 permitiría que familias de víctimas asesinadas por inmigrantes indocumentados demanden a los gobiernos locales que no cooperen con las autoridades federales.
“Este proyecto de ley en específico crea distintas formas de consecuencias a los policías y la realidad es que nuestros policías locales no están entrenados ni capacitados para llevar a cabo leyes federales en materia de inmigración”, dijo Samuel Vílchez, activista proinmigrante.
La medida, impulsada por el representante republicano Berny Jacques, impondría multas de hasta 10 mil dólares a agencias que se nieguen a colaborar con ICE, responsabilizando no solo a los migrantes sin documentos, sino también a las instituciones locales.
«Obviamente le quieren dar por donde más les duele, en los bolsillos y en los fondos. Le están dando ahora el poder a las víctimas de demandar y ponerle la multa de $10 mil por cada persona que sea víctima de un delito para poder forzarlo y darle un incentivo en tipo de cooperar y que las autoridades cooperan en este proyecto de inmigración”, dijo José Rivas, abogado criminalista.
El proyecto obligaría a las agencias del orden a firmar acuerdos 287(g) con ICE o enfrentar sanciones del Departamento de Cumplimiento de la Ley, destinando lo recaudado a un fondo para familias de víctimas.
También permitiría demandas por homicidio culposo contra gobiernos locales con políticas “santuario”, si sus decisiones derivan en la muerte de una persona.
Nombrado la “Ley Shane Jones”, honra a un residente de Florida que murió en un accidente atribuido a un conductor indocumentado.
“De nuevo, estamos hablando de un proyecto de ley que parte desde un punto de vista que pone a los inmigrantes como criminales y honestamente no debería existir basado en nuestra Constitución un trato de primera y segunda clase si eres inmigrante o no eres inmigrante”, agregó Vílchez.
La Cámara de Representantes debatirá la medida en enero de 2026. Si es aprobada y firmada por el gobernador, entraría en vigor el 1 de julio.
Jorge Vélez
Espectro Noticias
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