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miércoles, febrero 21, 2024

Un bufete sevillano anuncia una denuncia contra Ideal por estafa y apropiación indebida por el cierre de sus centros | Legal

Tratamientos estéticos a medias, millas de euros en el aire y más de un centenar de clientes en la estacada. Al menos 300 afectados estudian presentar una denuncia masiva por estafa y apropiación indebida en la Audiencia Nacional contra la cadena de locales de estética Ideal, después de que su empresa matriz, el Grupo Dibea Cristina Álvarezanunciase en vísperas de Navidad el cierre por sorpresa de todos sus comercios en España.

El cerrojazo de Ideal, marca fundada en 2015, habría dejado a un grupo indeterminado de consumidores en una situación delicada, con cuotas de financiación a deber y cantidades en disputa que podrían alcanzar los 2.000 euros. Son las pesquisas del bufete sevillano Exculpa Abogados, firma que estudia la viabilidad del litigio.

los abogados Salvador Castillejo Leones y Francisco CamposNotario, en conversación con este medio, afirman haber entablado contacto con decenas de afectados, quienes se sienten estafados con el persianazo de la cadena especializada en tratamientos de depilación láser y medicina estética. El anuncio los deja en una situación delicada, pues algunos quedaron obligados a pagaridades mensuales con financieras por tratamientos que nunca han visto terminados; Mientras que otros embolsaron la totalidad del servicio y solo pudieron disfrutar de algunas de las sesiones programadas.

Grupos en Facebook

Para atraer a afectados, los letrados han organizado una comunidad en la red social Facebook, que en solo 24 horas ha reunido a más de 300 posibles víctimas. También un grupo de Whatsapp que desde este martes aglutina a más de cien consumidores perjudicados. «Se trata de un caso muy parecido al de iDental«, explica el abogado Salvador Castillejo. «Ideal es una franquicia repartida por todo el territorio que, sabiendo que su insolvencia era inminente, vendieron una serie de bonos y paquetes de servicios» y «ahora ha dejado a la gente desprotegida con un 'hasta luego'».

Según las averiguaciones de estos letrados, los consumidores contrataban paquetes estéticos de varias sesiones pero no recibían una copia del contrato donde se aclaraban los términos del servicio. Este papel faltaba «en la mayoría de los casos», aseguran los juristas. Según las conversaciones que han mantenido hasta la fecha con los consumidores afectados, “algunos sí tienen el contrato de financiación de las entidades financieras”, pero a la mayoría “no les fue entregado un contrato como consumidor con Ideal”.

El bufete planea en las próximas semanas ejercitar una acción legal contra el grupo con el objetivo de levantar el velo de la sociedad y abrir la puerta a exigir «responsabilidad a los administradores». «La estrategia es denunciar a la matriz en Madrid que aglutina todos los abusos en España con un procedimiento penal», explican. La firma jurídica también estudia la viabilidad de un segundo proceso para presentar «una solicitud de concurso de acreedores necesarios«, explican estas fuentes.

600 trabajadores afectados

El domingo 22 de diciembre, Grupo Dibea Cristina Álvarez anunció en un comunicado colgado en su página web el cierre inmediato de todos sus «centros propios», debido a la «situación económica» derivada de la pandemia, lo que les obligaba «legalmente» a bajar la persiana tras intentar reflotar el negocio «por distintas vías».

La sociedad (con cuyos administradores este medio ha intentado establecer contacto, sin éxito) engloba a siete empresas de estética y se encuentra «en proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes». Esperan “poder dar noticias a los clientes próximamente”, reza la nota.

La cadena cuenta con al menos un centenar de locales en España, aunque se desconoce cuántos son gestionados por la sociedad matriz y cuántos son franquiciados. En Madrid, Ideal cuenta con más de una docena de establecimientos, pero sus líneas de atención telefónica están inoperativas en horario laboral. Las estimaciones de Comisiones Obreras, recogidas por EFE, apuntan a que el cierre de las empresas de la sociedad Cristina Álvarez en España afectará al menos a un total de 600 trabajadores en el país. También se están organizando grupos de consumidores afectados en Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana, Asturias, Madrid y Baleares.

Facua y OCU animan a reclamar

Asociación de consumidores. Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua) animan a las potenciales víctimas a reclamar por su dinero, exigen la paralización de las cuotas a pagar y la cancelación de las financiaciones vinculadas. Aconsejan recopilar toda la documentación que demuestre algún tipo de vinculación con la clínica y el pago de un tratamiento que no se haya realizado: papeles como contratos o facturas son pruebas válidas para iniciar el trámite.

Acudir al banco. La OCU explica que pedir un crédito es una salida común en estos casos para financiar los tratamientos de estética, que pueden sobrepasar las millas de euros. Los afectados en esta tesitura deben dirigirse lo antes posible a la entidad financiera para solicitar la anulación de la financiación, ya que si Ideal no cumple con lo pactado el crédito deja de ser exigible. Si pasados ​​dos meses la entidad bancaria no responde al consumidor, o no ayuda con el problema, los clientes podrán presentar una reclamación ante el Banco de España, explican los expertos de la asociación de consumidores.

Consultas. Fuentes de Legálitas confirman que han recibido consultas de afectados por el cierre de los centros de estética Ideal. Según sus valoraciones, los clientes que han pagado en efectivo la totalidad del tratamiento tienen derecho a reclamar la devolución de lo pagado si este no ha sido completado; y en el caso de tratamientos financiados, los afectados pueden iniciar los trámites para exigir la cancelación de la financiación y dejar de pagar las mensualidades. Los cartados recomiendan presentar una reclamación dirigida al domicilio social de la empresa matriz, en la que se exponga que no se ha cumplido el acuerdo suscrito y que desean dar por finalizado el tratamiento.



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