El Gobierno ha confirmado este martes 28 de noviembre en Consejo de Ministros a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado (FGE) para la legislatura que acaba de echar a andar bajo el mandato de Pedro Sánchez, esto es, previsiblemente hasta el año 2027.
De esta manera, el Ejecutivo mantiene la confianza en García Ortiz, quien accedió al cargo en agosto de 2022 como relevo de la exministra de Justicia Dolores Delgado. Precisamente el Tribunal Supremo anuló la semana pasada el ascenso de Delgado como fiscal de Sala (máxima categoría de la carrera) por «desviación de poder». El fallo ha sacudido a la Fiscalía en vísperas del nombramiento de su jefe. La sentencia es muy crítica con Álvaro García Ortiz: «Cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca, lo cierto es que esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley», señalan los magistrados.
Desde el Gobierno se ha destacado que «el señor García Ortiz es fiscal de reconocido prestigio y viene ya ocupando el puesto de fiscal general del Estado desde el año pasado». Lo cierto es que desde la convocatoria de elecciones generales, celebradas el pasado 23 de julio, Álvaro García Ortiz ostentaba la jefatura en funciones de la Fiscalía. Hasta ser nombrado fiscal general pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
algunos miembros de la fiscalía han expresado recientemente su malestar porque García Ortiz no les haya defendido por los ataques a la carrera que, en su opinión, se incluyen en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts para conseguir los votos necesarios para la investidura de Sánchez. En una carta remitida al fiscal general, 19 fiscales de la sección penal del Supremo lo acusan de “ignorar deliberadamente” la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés ante las “injuriosas insinuaciones” de lawfare.
