Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador concluyó una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.
Esta es la 16ta prórroga que solicita el gobierno de ese régimen, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.
“Con el régimen de excepción, los salvadoreños viven en paz. Les hemos dado esperanza y libertad de movilizarse con seguridad a diferentes sitios. Lo logramos luego de haber perdido generaciones por la cobardía de los gobiernos anteriores”, reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre los argumentos que esgrime el gobierno para ejercer derechos como el de representación de abogado para los detenidos o el de asociación.
Villatoro oficializó el pedido ante el Congreso, que debe pronunciarse con la aprobación o rechazo de las medidas. Hasta ahora, el Legislativo de mayoría oficialista no ha negado a la renovación del régimen de excepción, que ya se extiende por 472 días.
La prórroga debe solicitarse cada mes. La prórroga anterior aprobada el 14 de junio vence el sábado 15 de julio. Si la nueva prórroga iniciase el 16 de julio, estaría vigente hasta el 14 de agosto.
El gobierno de Bukele también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley Especial Contra el Crimen Organizado para aumentar en dos tercios la pena máxima de 45 años de prisión contra los cabecillas de estas estructuras criminales conocidas como maras o pandillas.
También pidió aprobar disposiciones transitorias para procesar a los capturados durante el régimen de excepción “por estructuras”. Las pandillas están formadas por grupos o clicas y el gobierno busca poder enjuiciarlos de forma conjunta. Las dos iniciativas pasaron estudio de una comisión del Congreso.
Villatoro dijo que quieren ordenar el proceso judicial contra más de 65.000 imputados -de los 71.000 capturados que están en prisión- contra los que habrían que promover 3.200 solicitudes de imposición de medidas. La idea es que, al procesarlos por estructuras, esas millas de solicitudes pasen a ser “un poco más de 300 casos”.
El ministro recalcó que “todas las encuestas de opinión, incluso las de la oposición y las internacionales reflejaron un amplio respaldo en más del 90% de la población en un año y cuatro meses de régimen de excepción”.
Organizaciones defensoras de los derechos han denunciado reiteradas violaciones y abusos humanos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales – incluidas muertes de internos bajo custodia del Estado – en el marco del estado de excepción. Éste suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
El representante de la organización defensora de los derechos humanos Cristosal, David Morales, afirmó que se trata de “una práctica deliberada de violar la constitución” y sostuvo que no es necesario continuar con la medida ya que el gabinete de seguridad ha afirmado que han logrado reducir todos los delitos.
Morales también afirmó que “con la excusa del régimen de excepción se ha vuelto frecuente la detención arbitraria, la práctica de la tortura y como (…) consecuencia la muerte de decenas de personas”.
Cristosal apareció recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador nacieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. Su informe revela también que los decesos de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones de graves y sistemáticas. Casi la mitad fallecieron por muerte violenta, marcada.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que han recibido 3.500 denuncias de capturas arbitrarias y otros abusos.
En 2015, el país, que en ese momento fue considerado uno de los más violentos del mundo, tuvo 6.656 homicidios, es decir, 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Villatoro anunció que 2022 se cerró con un registro de 495 homicidios, la cifra más baja de las últimas décadas. Pero su informe no incluiría al menos 120 presuntos pandilleros fallecidos en supuestos choques con las autoridades.
Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 10 de julio se registraron 102 homicidios, incluidos 21 pandilleros que habrían fallecido en supuestos intercambios de disparos con las fuerzas de seguridad.
Bajo el régimen de excepción, más de 71.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero de ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena en firme. Y además, más de 5.000 personas han sido liberadas después por las autoridades debido a que nunca se pudo establecer un vínculo verdadero con estructuras criminales.
Según la reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA) el 97,7% de los salvadoreños piensa que la violencia ha disminuido y el 81,8% que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia.
El régimen de excepción amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes se consideren sospechosos.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe aprobar por 30 días y se puede prorrogar, “si funcionan las circunstancias que la motivaron”.
