El Departamento de Justicia no logró el jueves una nueva acusación formal contra la fiscal general de Nueva York Letitia James promovida por el presidente Donald Trump, según personas familiarizadas con el asunto.
Los fiscales recurrieron nuevamente a un gran jurado en Virginia tras el fallo de un juez que suspendió el procesamiento de James y de otro antiguo enemigo de Trump, el exdirector del FBI James Comey, argumentando que el fiscal federal que presentó los casos fue designado ilegalmente.
Sin embargo, los miembros del gran jurado rechazarán la solicitud de la fiscalía de presentar cargos.
Este es el último revés para el Departamento de Justicia en su intento de procesar al frecuente blanco político del presidente republicano.
Se espera que la fiscalía vuelva a intentar presentar una acusación formal, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el caso.
James fue acusada inicialmente de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en Norfolk, Virginia, en el año 2020. Lindsey Halligan, exasesora de la Casa Blanca y abogada de Trump, presentó personalmente el caso ante el gran jurado en octubre tras su nombramiento como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, en medio de la presión de Trump para que se presentaran cargos contra Comey y James. James ha negado cualquier irregularidad y ha acusado al gobierno de utilizar el sistema judicial para vengarse de los oponentes políticos de Trump. En un comunicado emitido el jueves, James declaró: «Es hora de que cese este uso descontrolado de nuestro sistema judicial».
«Este debería ser el fin de este caso», declaró su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado. «Si continúa, sin dejarse intimidar por un fallo judicial y el rechazo de los cargos por parte de un gran jurado, será un ataque impactante al estado de derecho y un golpe devastador para la integridad de nuestro sistema judicial».
Las acusaciones se relacionaban con la compra por parte de James de una modesta casa en Norfolk, donde tiene familia. Durante la venta, se firmó un documento estándar llamado «cláusula de segunda vivienda» en el que se comprometía a conservar la propiedad principalmente para su «uso y disfrute personal durante al menos un año», a menos que el prestamista acordara lo contrario.
En lugar de usar la casa como segunda residencia, James la alquiló a una familia de tres, lo que le permitió obtener condiciones de préstamo favorables que no están disponibles para propiedades de inversión, alegaron los fiscales. Este es el ejemplo más reciente de resistencia por parte de los grandes jurados desde el comienzo del segundo gobierno de Trump. Es tan inusual que los grandes jurados se nieguen a presentar una acusación formal que se dijo en una ocasión que los fiscales podrían persuadir a un gran jurado para que «acusara a un sándwich de jamón». Sin embargo, el Departamento de Justicia se ha enfrentado a reveses ante los grandes jurados en varios casos recientes.
Incluso si se resucitan los cargos contra James, el Departamento de Justicia podría enfrentar obstáculos para lograr una condena en su contra.
Los abogados de James argumentaron por separado que el caso era un proceso vengativo interpuesto para castigar al crítico de Trump que pasaron años investigando y demandando al presidente republicano y en una demanda que lo acusa de defraudar a los bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en los estados financieros. La multa fue posteriormente desestimada por un tribunal superior, pero ambas partes están apelando.
La defensa también alegó «conducta gubernamental indignante» antes de su acusación formal, lo cual, según la defensa, justifica la desestimación del caso.
El juez no se había pronunciado sobre los argumentos de la defensa sobre estos asuntos antes de desestimar el caso el mes pasado por el nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal federal.
El juez federal de distrito Cameron McGowan Currie cuestionó el mecanismo empleado por la administración Trump para nombrar a Halligan al frente de una de las oficinas más importantes y exclusivas del Departamento de Justicia.
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