Las pymes se verán arrastradas por el alud de las exigencias regulatorias de la sostenibilidad. No solo por motivos reputacionales, sino porque su futuro en el mercado dependerá de que cumplan con los estándares que les exigirán las grandes empresas. Esta es una de las conclusiones claves de la primera jornada del VII Congreso Nacional de los Registradores. Estos profesionales tienen una función importante al proporcionar información verificada y transparente que pueda ser utilizada en la toma de decisiones. Una mejor información para impulsar la sostenibilidad de las compañías.
La mañana de este jueves en el Palacio Gran Meliá Palacio de Isora, sede del evento, ha estado marcada por el debate de distintos expertos en torno a la participación de los registradores en la consecución de los estándares de sostenibilidad. En principio, la directiva de diligencia debida que se prepara en la Unión Europea excluye a estas microempresas del cumplimiento de estándares, pero, por derivación, se verán obligadas a esforzarse en entrar en este traje verde y de responsabilidad corporativa. España es un país de pymes y estas están en la cadena de valor de las grandes compañías.
Este año vio la luz la directiva de presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), que debe transponerse al ordenamiento español antes del 6 de julio de 2024. Por otro lado, la Comisión Europea aprobó el pasado agosto el primer conjunto de estándares de reporte de la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, Estas obligaciones ya serán aplicables a partir del 1 de enero de 2024 a las grandes empresas, que deberán entregar sus informes de sostenibilidad en 2025. Aún hay márgenes de interpretación, lo que provoca cierta incertidumbre en la aplicación de estas normas. Los registradores pueden apoyar otorgando certeza con la verificación de estos nuevos estándares.
Durante el debate, la magistrada especialista en mercantil, Amanda Cohen, ha destacado que “la carga regulatoria no afecta igual a una pyme que a una empresa del IBEX”. De ahí, ha explicado, “la importante labor de los registradores para ayudar con la información y que puedan evaluar los estándares de sostenibilidad”.
Del mismo modo, el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, ha señalado que la credibilidad será estándar única, para lo que será vital el control de los registros. En la búsqueda de la homogeneidad de estos indicadores, tendrán un papel clave los reguladores.
La necesidad de datos sobre sostenibilidad de las empresas, ha apuntado manuel ortega, jefe de central de balances en el Banco de España, está provocando que se ofrezca información desde bases privadas que están inflando los resultados, pues no coincide con los enviados por las empresas al registro. Los números no cuadran en varios de los ejemplos presentados por el experto. Según Ortega, más de 400 mil empresas han enviado información no financiera. Solo 23 han dado datos sobre la huella de carbono, algo previsible, pero más de 80 mil han agregado información sobre igualdad de género. Manuel Ortega ha adelantado que se está trabajando en un código identificador único mundial para poder hacer un seguimiento y auditoria de cada una de las compañías.
proyecto pionero
En una segunda mesa en la mañana del jueves, Josefina Boqueracatedrática de derecho mercantil de la Universidad de Valencia y Carlos Ortsdecano autonómico de la Comunidad Valenciana han explicado el proyecto sobre certificado de empresas socialmente responsables puesto en marcha en la comunidad valenciana. El sistema permite a cualquier entidad. solicitar voluntariamente este sello, muy importante no solo para su reputación, sino también para la obtención de crédito y contratos tanto privados como públicos. Este es, han señalado los expertos, un ejemplo concreto de la aportación del registro a la sostenibilidad del tejido empresarial.
Josefina Boquera, presidenta de la comisión mixta que decide sobre los informes de sostenibilidad de las empresas solicitantes, ha señalado que se pretende que este certificado sea útil para todo tipo de microempresas y entidades (fundaciones, universidades, autónomos) aunque no estén registrados con el fin de animar al sector a utilizar estándares de sostenibilidad. Boquera ha llamado la atención sobre las distintas ligas en las que juegan las empresas: una cosa es Mercadona, ha ejemplificado, y otro el pequeño distribuidor que le da servicio. “La sostenibilidad viene como un alud; a las pequeñas sí que les cuesta mucho cumplir con ciertos estándares”, ha alertado. Estas circunstancias, ha señalado, deben tenerse en cuenta en la regulación de estándares.
Por este motivo, ha añadido Carlos Orts, el formulario preparado en la comunidad valenciana contiene más número de indicadores y preguntas según se incrementa el tamaño de las organizaciones. La comisión mixta, ha explicado, es la que decide sobre el informe favorable y elabora una propuesta de resolución que firma el director general y se comunica al registro mercantil de la comunidad valenciana. Se inscribe en una nota preventiva al margen porque la licencia expira a los dos años. Orts ha abundado en los beneficios de este proyecto creado mano a mano con los registradores (lo que dota al sistema de rigurosidad) y ha asegurado que el modelo es exportable a otras comunidades autónomas.
